El reciente proceso de insaculación llevado a cabo por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal para definir la lista de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado mucho que desear. La selección de perfiles cercanos al partido Morena pone en entredicho la imparcialidad y transparencia del proceso.

Entre los nombres seleccionados destaca María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su inclusión en la lista no sorprende, dado su historial de cercanía con el partido en el poder. Ríos González ya había sido considerada en 2023 dentro de la terna de candidatas a ministra de la SCJN, puesto que finalmente ocupó Lenia Batres Guadarrama.

Otro nombre que llama la atención es el de Gabriel Regis López, juez que en el pasado fue señalado por legisladores morenistas de favorecer a miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero que más tarde respaldó la reforma judicial impulsada por Morena. En 2023, Regis López estuvo involucrado en una controversia cuando concedió amparos en contra de iniciativas del gobierno federal, como el llamado “Plan B” de reforma electoral.

La lista de seleccionados también incluye a Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, sobrino de la exministra de la SCJN y actual diputada por Morena, Olga Sánchez Cordero. Además, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra, fue confirmada por el Senado como candidata a ministra de la Suprema Corte. Estos vínculos familiares refuerzan la percepción de que el proceso de selección está viciado por el amiguismo político.

El proceso de insaculación del Comité del Poder Ejecutivo fue el más rápido en comparación con los realizados por otros poderes. La mecánica empleada, que incluyó el apoyo de la Lotería Nacional, consistió en la publicación de la lista completa de seleccionados sin anunciar los nombres en tiempo real. Esta falta de transparencia solo alimenta las dudas sobre la legitimidad del proceso.

La lista final de candidatos deberá ser aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum antes del 6 de febrero y enviada al Senado para su revisión antes del 8 de febrero. Una vez ratificados, los aspirantes serán registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para aparecer en la boleta del 1 de junio. Sin embargo, la sombra del amiguismo político ya ha empañado este proceso, dejando a muchos cuestionando la verdadera independencia de la SCJN.