Por Yoboly Menchaca
El corporativismo Mexicano en su máxima expresión, si lo que asegura la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es cierto, y que asistieron 1.2 millones de personas a la marcha, esto representa una función de la movilización que 22 gobernadores, secretarios del gabinete Federal, sindicatos, operadores políticos, dirigentes de partido e incluso, representantes de la iniciativa privada. Como por ejemplo, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, una figura emanada del Partido Verde que ha sido denunciado a nivel Federal por enriquecimiento ilícito y peculado, encabezó un grupo de 10,000 personas que viajaron a la ciudad de México para acudir a la marcha.
Otra estampa, el SNTE, que es el sindicato más grande de América Latina y que, históricamente, ha sido la estructura de movilización electoral más grande de México, organizó un contingente para estar presentes en el evento del presidente López Obrador.
También participaron el sindicato minero, el sindicato mexicano electricistas, el frente popular Francisco Villa y los extintos partidos zánganos (satélites) Redes Sociales Progresistas (PRSP) y el Partido Encuentro Social (PES).
De acuerdo a información recabada por el periodista Darío Celis, el gobierno mexicano gastó alrededor de 1,870 millones de pesos en la organización de la marcha en México. En el mundo, esto ha despertado preocupaciones serias sobre la corta vida que le queda a la democracia en el país, María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, argumenta que la movilización que se vio el domingo significa, la antesala de lo que será una elección de estado en el proceso de 2024, por primera vez en décadas, hay dudas de que el presidente de México esté dispuesto a garantizar una transición pacífica del poder en caso de que su partido pierda las elecciones en ese sentido.
En estos días, el Washington Post ha publicado una editorial pidiendo a la administración de Joe Biden, asumir una postura más sólida frente a la erosión de la democracia en México argumentando que, “Estados Unidos tiene muchos intereses en México, comercio, energía, migración, narcotráfico, pero ninguno es más importante que asegurar el florecimiento a la democracia”.
La coalición que sostuvo al gobierno de AMLO no necesariamente es el mismo grupo de la izquierda que lo acompañó durante dos décadas de oposición hoy por hoy vemos alejamiento de ese equipo inicial.
Los nuevos Aliados del presidente se han acercado a una transformación de 4ta, que ha concentrado el uso discrecional del gasto público, en la facultad de gobierno al libre gasto en Palacio Nacional, y que resuelve, alrededor del 80%, en asignaciones directas las compras del gobierno.
Esto es el común denominador. Se pagan las lealtades que confiere el presidente López Obrador, en las amplias relaciones de la clase política, la relación de los sindicatos es una exhibición patente de este fenómeno.
Entre el 2020 y el 2022 el IMSS y el ISSSTE, adjudicaron cuatro contratos por 12.97 millones de pesos ALHEIRA servicios hospitalarios, cuyos accionistas, son los hijos de Alfonso Cepeda Salas (Miembro de la sección 38 ) secretario general del SNTE. La misma semana que López Obrador asumió el poder, en diciembre de 2018, Generadora Fénix firmó un acuerdo para la creación de un Joint Venture entre el sindicato mexicano de electricistas y la multinacional portuguesa, Mota Engine que anunció que invertiría 30.000 millones de pesos en la planta de ciclo combinado (Jorge Luque). Martínez Esparza líder del SME no ha sido omiso en reiterar su apoyo al presidente y a la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum.
El uso político del gasto público, ha sido una constante en este gobierno. Esta semana MCSI (Ponderador Estadounidense de Fondos de Capital Inversión y Deuda) publicó un reportaje en el que detalló que, los primos de los hijos de López Obrador, ocupan posiciones clave en el área de licitaciones de la SEP, en la asesoría jurídica de Pemex y en la dirección general de la agencia EFE.
Esto se suma una investigación del semanario Proceso, que pone de relieve que 26 miembros de la ayudantía del presidente López Obrador, se han convertido en Altos directivos del Gobierno Federal, destaca el caso de Almendra Ortiz, Directora de Administración y Finanzas del ISSSTE, quien operó la adjudicación irregular de un contrato de servicio de digitalización de imágenes médicas por 125 millones de pesos a una empresa sin experiencia, cuyas faltas y negligencia, han derivado en la muerte de, al menos nueve pacientes.
Almendra Ortiz Directora de Administración y Finanzas del ISSSTE
De acuerdo al órgano interno de control del instituto, estos casos se repiten una y otra vez en una red de complicidades políticas y financieras, que permitieron a Morena montar una manifestación pública del poder presidencial en el zócalo de la Ciudad de México, y eso sin mencionar los polémicos casos del presunto financiamiento ilegal que acompañó a las campañas políticas del oficialismo bajo el patrocinio de nombres como Sergio Carmona, Salvador llamas y Gerardo Vázquez Barrera.
La icónica imagen del arremedo de presidente, Andrés Manuel López Obrador, en medio de la multitud en la marcha del pasado domingo, es la consecuencia de dos factores, un carismático liderazgo anclado en un ejercicio populista del poder que sigue arrastrando la voluntad de millones de personas en México y un aparato de movilización operado desde el estado que canaliza recursos públicos y personas políticas a favor de los intereses particulares de MORENA.
La tesis del Washington Post, de que la democracia mexicana está en riesgo, es una realidad.