Con 75 votos a favor y 37 en contra, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, promete reducir en un 50% los trámites gubernamentales y facilitar el acceso a servicios públicos mediante herramientas digitales como la Llave MX y la CURP biométrica. Pero detrás del discurso de eficiencia, se abre un debate profundo sobre privacidad, centralización del poder y exclusión digital.

¿una llave maestra o una cerradura estatal?La Llave MX será el nuevo mecanismo de autenticación digital obligatorio para acceder a trámites y servicios. Estará vinculada a la CURP biométrica, que incluirá datos como huellas, iris y firma digital. Aunque se presenta como una solución para evitar filas y duplicidad de documentos, críticos advierten que podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva si no se establecen contrapesos claros.

Agencia de Transformación Digital: ¿supervisión o concentración?La ley otorga a esta agencia el control total del sistema digital nacional. Tendrá acceso a bases de datos, expedientes ciudadanos y plataformas de interoperabilidad. La oposición ha señalado que esto elimina órganos de vigilancia como el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y el Observatorio Nacional, debilitando la rendición de cuentas.

Federalismo en jaqueSenadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han denunciado que la ley impone obligaciones a estados y municipios sin acuerdos de coordinación. Al ser una ley federal y no general, podría vulnerar el pacto federal al centralizar decisiones que antes eran competencia local.

Riesgos para la privacidad. La recolección masiva de datos biométricos sin un marco robusto de protección ha generado comparaciones con un “Big Brother digital”. La falta de un órgano autónomo como el INAI con facultades reforzadas para supervisar el uso de estos datos es una de las principales preocupaciones.

Brecha digital y exclusión. En zonas rurales o marginadas donde el acceso a internet es limitado, la digitalización obligatoria podría excluir a millones de personas. La ley no contempla mecanismos claros de inclusión ni estrategias de alfabetización digital.

¿Y la transparencia? Aunque la ley promete eficiencia, no establece con claridad cómo se auditarán los algoritmos, quién tendrá acceso a los datos ni cómo se garantizará la portabilidad y eliminación de información personal.

¿Una oportunidad perdida? Expertos en gobernanza digital coinciden en que México necesita modernizar su burocracia, pero advierten que sin una arquitectura legal sólida en derechos digitales, esta ley podría ser más un retroceso que un avance.