Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La reforma a la Ley General de Aguas, que será discutida esta semana en el Congreso, enfrenta críticas de productores agrícolas y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los productores, quienes realizaron protestas y bloqueos la semana pasada, exigen soluciones a tres problemas clave: el pago de 2,300 millones de pesos adeudados por el programa de compra de granos desde 2020, la inseguridad en carreteras y la falta de claridad en la reforma al agua.

El diputado Alejandro Domínguez señaló que el dictamen actual mantiene sanciones penales de 3 meses a 10 años de prisión para quienes extraigan agua de manera ilegal, pero no define cómo se regularán pozos pecuarios, abrevaderos o jagüeyes. Además, centraliza el control del agua en Conagua, quitando autonomía a los distritos de riego.

El PRI exigió que el dictamen se someta a 32 foros estatales antes de su votación, programada para este jueves. “No hay prisa para aprobar una ley que afectará a miles de productores sin un análisis exhaustivo”, declaró Alejandro Domínguez.