En una incisiva entrevista en el programa Ciudad 2.0 de Durango, conducido por Víctor Hernández, el reconocido politólogo chihuahuense Jesús Alberto Hernández analizó las implicaciones del retorno de Donald Trump al escenario político estadounidense y su impacto en México.

El análisis de Alberto Hernández destaca la preocupante indiferencia de Trump hacia la situación política mexicana, particularmente en lo referente a los cambios en el sistema judicial y la transición hacia lo que él describe como un “régimen autoritario”. El politólogo señala que, contrario a las expectativas de algunos sectores conservadores que ven con optimismo ciertas políticas sociales de Trump, la realidad es que su postura hacia México es “absolutamente despiadada”.

Hernández advierte sobre las graves amenazas que representan las propuestas de Trump, incluyendo la potencial deportación masiva que, según el expresidente estadounidense, podría afectar a 20 millones de personas (aunque las cifras reales indican aproximadamente 11 millones). Particularmente alarmante es la intención de declarar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría justificar una intervención directa en territorio mexicano.

En cuanto a la respuesta del gobierno mexicano, el análisis revela importantes deficiencias. Hernández critica la falta de un plan de emergencia coherente y la tendencia a recurrir a un nacionalismo superficial como respuesta. Señala también la ausencia de un mensaje de unidad nacional por parte de Claudia Sheinbaum, especialmente hacia el sector empresarial, crucial para la implementación del Plan México y sus proyectadas inversiones de 227 mil millones de dólares.

El politólogo concluye que México se encuentra en una posición vulnerable, con contradicciones internas significativas y una política exterior desarticulada, especialmente en su relación con Estados Unidos. Esta situación, según Hernández, podría abrir espacios para la participación social y política constructiva, aunque advierte sobre los desafíos que representa el actual monopolio gubernamental sobre la acción social y política.