Ciudad de México, 15 de septiembre de 2025 — Tras el arresto de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, la presión política se ha redirigido hacia otro nombre que incomoda a la administración federal: Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México durante los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Orta, quien dejó el cargo en octubre de 2019 tras una gestión marcada por protestas feministas y cuestionamientos a su estrategia de seguridad, permanece prófugo desde que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su captura en 2020 por presunto desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y lavado de dinero durante su paso por la extinta Policía Federal.

Ficha roja y amparos

Interpol emitió una ficha roja contra Orta y Frida Martínez Zamora, su excolaboradora en la PF, por un presunto desfalco de más de 2,500 millones de pesos en compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque ambos promovieron amparos, el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva, lo que complica cualquier intento de suspensión.

Sin embargo, en septiembre de 2023, un juez federal negó la orden de aprehensión contra Orta, al considerar que no había elementos suficientes para procesarlo por los delitos señalados. Esta resolución dejó a la FGR sin margen para reactivar la causa penal, salvo que se presenten nuevas acusaciones por hechos distintos.

La oposición presiona

La bancada del PAN en el Congreso capitalino ha aprovechado el momento para exigir resultados. Los diputados Federico Döring y Héctor Saúl Téllez acusaron a la presidenta Sheinbaum de repetir el “error de Adán Augusto” al incorporar a figuras con presuntos vínculos criminales en su gabinete. “Le recuerdo que su primer secretario de Seguridad Pública todavía no aparece”, lanzó Döring ante medios.

El contexto político

La detención de Bermúdez Requena fue celebrada por el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramón López Obrador, como un triunfo de la administración federal.

Pero el caso Orta representa un flanco abierto que podría empañar la narrativa de combate frontal a la corrupción.

Mientras tanto, el exfuncionario sigue sin aparecer en los radares judiciales, y su paradero es tan incierto como su futuro legal. La ficha roja sigue vigente, pero sin una nueva causa penal, el caso parece estancado.

Y así, mientras el gobierno presume capturas como si fueran medallas olímpicas, Jesús Orta sigue jugando a las escondidas… versión deluxe.