Por Redacción Ciudad de México — Julio 2025

Mientras la Fiscalía General de la República abre una investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos vinculados al software Pegasus, el expresidente se muestra impasible. En su entorno, se habla de una estrategia política para desviar la atención de lo que Ovidio Guzmán podría revelar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el trasfondo, el silencio de Ismael “El Mayo” Zambada y las tensiones diplomáticas entre México y Washington configuran un tablero de alto riesgo.

Peña Nieto: ¿blanco político o actor incómodo?
El exmandatario priista ha negado rotundamente haber recibido sobornos por la adquisición del software israelí Pegasus2. Sin embargo, la FGR ha solicitado formalmente a Israel validar los testimonios que lo vinculan con pagos de hasta 25 millones de dólares. Peña, desde España, ha calificado las acusaciones como “falsas y dolosas”4.

Según fuentes cercanas, Peña interpreta la ofensiva judicial como una maniobra política. En su lógica, el gobierno exige pruebas de lo que diga Ovidio Guzmán, pero nunca las pidió cuando se trató de Genaro García Luna. La comparación no es casual: ambos casos involucran espionaje, crimen organizado y vínculos con Estados Unidos.

Ovidio Guzmán: el testigo que incomoda
Este viernes, Ovidio Guzmán comparecerá ante la jueza Sharon Johnson Coleman en Chicago. Se espera que formalice su acuerdo de culpabilidad, lo que abriría la puerta a una colaboración con el Departamento de Justicia5. Su testimonio incluiría detalles sobre laboratorios de fentanilo, rutas de tráfico y operadores financieros del Cártel de Sinaloa5.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado abiertamente el acuerdo entre Washington y Ovidio, cuestionando la congruencia de negociar con alguien que Estados Unidos ha calificado como “terrorista”8. La falta de coordinación con la FGR ha sido otro punto de fricción.

El silencio de Zambada: ¿la carta que nunca llegó?
Peña Nieto considera que el verdadero foco de preocupación en Palacio Nacional no es él, sino lo que Ovidio pueda revelar y cómo eso se conecte con el prolongado silencio de Ismael “El Mayo” Zambada. El capo sinaloense, detenido en julio de 2024, denunció haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado a Estados Unidos contra su voluntad10.

En su primera carta, Zambada negó cualquier colaboración con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, una segunda misiva, anunciada a finales del año pasado, nunca apareció. Peña interpreta esa ausencia como una señal de que Zambada podría estar negociando en silencio, y que su testimonio sería utilizado para reforzar las declaraciones de Ovidio.

La simultaneidad de eventos —la investigación contra Peña, el acuerdo de Ovidio, el silencio de Zambada y la visita de Sheinbaum a Culiacán— no parece casual. En este tablero, cada movimiento tiene implicaciones judiciales, diplomáticas y electorales. El gobierno mexicano exige respeto a su soberanía, pero se ve obligado a reaccionar ante decisiones tomadas en cortes estadounidenses. Mientras tanto, los actores del pasado —Peña, García Luna, Zambada— resurgen como piezas incómodas en una narrativa que busca legitimarse a través del castigo simbólico.

La pregunta no es si Peña Nieto será juzgado, sino si su figura será utilizada como moneda de cambio en una negociación que se libra más allá de los tribunales. Porque en México, la justicia no siempre se escribe con pruebas, sino con silencios estratégicos y cartas que nunca llegan.