Si bien, la exposición de motivos que presenta la Diputada para el acuerdo que pasaremos a votar habla sobre muchos otros asuntos, como lo es el INSABI o el IMSS, esos puntos se han discutido ampliamente en el pleno, por lo que me limitaré a decir que no coincidimos con varias de las afirmaciones que con tanta certeza se realizan.
La publicación del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado el primero de junio ha sido utilizado para desinformar a la población. En este el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Público socializa la planeación respecto a las NOM de acuerdo a la Ley de Infraestructura de la Calidad, con 3 temas nuevos, 5 reprogramados y la propuesta de cancelar 35 Normas, lo cual en ningún momento implica la cancelación de tratamientos, medicinas o estándares de salud pública, de acuerdo con lo propiamente mencionado por el Dr. Hugo López Gatell, sin embargo debemos ser muy claros, en este punto, las normas no se encuentran canceladas, sino que se encuentran en el análisis para revisar si esta es la vía más adecuada.
Hay un mal que nos aqueja, la infodemia, vivimos llenos de des y malinformación, un claro ejemplo es lo hecho por el Diputado panista Éctor Jaime, quien ha realizado afirmaciones que alejan a las personas de la verdad y secuestran la vida pública en tiempos electorales. Sin embargo, una solicitud realizada por el Partido del Trabajo y acompañada por otras bancadas, es el convocar al Dr. López Gatell para que brinde mayor información a la Cámara de Diputados.
Otro aspecto que debemos recalcar es que los derechos humanos están garantizados por la constitución y los tratados internacionales.
No podemos ceñirnos a la idea de que cualquier cambio o modificaciones es negativo, es necesario actualizar los reglamentos y la normas, como Poder Legislativo, esa es incluso una de nuestras labores en lo concerniente al marco normativo estatal. Se trata de evolucionar y llevar los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos a los procesos que apliquen.
Vivimos en una era de la sobre-regulación, en donde actualizar y simplificar significa mejorar. Por Ley, una Norma Oficial Mexicana debe pasar por un proceso de revisión para su actualización cada cinco años. Dicha actualización puede obedecer a la modificación de la norma en alguno de sus apartados, la propia cancelación por obsolescencia o por integración en una norma similar como parte de un acto de simplificación administrativa.
La propia Ley General de Mejora Regulatoria lo menciona, con principios como mayores beneficios como costos y el máximo beneficio social, seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones, focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos, coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatoria nacional, simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y Servicios, entre otros.
Coincidimos en el segundo supuesto del acuerdo propuesto, “emitir una base normativa que permita asegurar servicios de salud de calidad para la población mexicana”, sin embargo, dados los supuestos anteriores, la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo no puede acompañar el presente acuerdo, por lo que el voto será en contra del mismo, no sin antes manifestar el apoyo a la población para garantizar por todos los medios su derecho humano a la salud y al gremio médico para que cuenten con las mejores herramientas e instrumentos para cumplir su labor. Ciudadanos y ciudadanas, las normas no están canceladas. Exijan a sus representantes mayor rigor de investigación antes de subirse a esta tribuna a vulnerar su derecho a la información veraz a través del alarmismo y la malinformación.