El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, desestimó las acusaciones realizadas por la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega, ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y calificó sus declaraciones como un intento de generar confusión y trasladar responsabilidades en materia de seguridad.

El funcionario estatal aseguró que la intervención en dicho municipio no fue una decisión aislada del Gobierno del Estado, sino una acción coordinada con instancias federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, tras detectarse la infiltración del crimen organizado en la corporación policiaca local.

De la Peña Grajeda explicó que los elementos municipales no cumplieron con los requisitos legales para desempeñar funciones de seguridad, luego de que una parte no acudiera a los exámenes de control y confianza y el resto no lograra acreditarlos, situación que obligó a retirarles las labores operativas.

Asimismo, cuestionó que el Ayuntamiento continúe erogando recursos públicos para el pago de agentes que no pueden desempeñar funciones policiales, mientras que la seguridad en la región es atendida actualmente por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con fuerzas federales.