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“Corresponde a la FGE detallar participación de agentes de EU”: diputado Memo Ramírez

Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

En medio de la controversia por la presencia de ciudadanos estadounidenses en la sierra de Chihuahua, el diputado Guillermo “Memo” Ramírez, presidente del Congreso del Estado, señaló que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la instancia responsable de esclarecer a fondo la participación de los presuntos agentes de Estados Unidos en los hechos recientes.

El posicionamiento surge tras el accidente ocurrido en la zona serrana del estado, donde murieron dos funcionarios estadounidenses y dos elementos mexicanos, hecho que detonó cuestionamientos desde el ámbito federal sobre la posible intervención extranjera en tareas de seguridad.

De acuerdo con lo expresado por el legislador, la información detallada sobre las actividades de los estadounidenses corresponde directamente a la FGE, encabezada por César Jáuregui, quien ha sostenido que los extranjeros no participaron en operativos, sino que realizaban labores de capacitación, particularmente en el uso de drones.

Esta postura coincide con lo informado por autoridades estatales, que han reiterado que el operativo donde se detectaron narcolaboratorios en la sierra fue ejecutado exclusivamente por corporaciones mexicanas, sin intervención directa de personal extranjero.

Sin embargo, el caso ha escalado a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que su gobierno no tenía conocimiento previo de la presencia de estos agentes, además de ordenar una revisión para determinar si hubo alguna violación a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional.

A esto se suma la controversia por versiones encontradas entre autoridades federales y estatales. Mientras la FGE insiste en que se trataba de instructores sin participación operativa, desde el Gobierno Federal se ha planteado la posibilidad de que existiera algún tipo de coordinación más amplia, lo que mantiene abierta la investigación.

En este contexto, el diputado Memo Ramírez evitó profundizar en detalles específicos y reiteró que será la autoridad ministerial la encargada de precisar qué hacían los ciudadanos estadounidenses en territorio chihuahuense, bajo qué esquema operaban y si su presencia se ajustaba al marco legal vigente.

El caso continúa bajo análisis y se perfila como un tema sensible en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad y cooperación contra el crimen organizado.