Reportero de Policíacas

La Torre Centinela, presentada como el centro de seguridad pública más avanzado de Latinoamérica, ha iniciado operaciones bajo un manto de controversia: un piso completo del complejo —el 18— está reservado para agencias estadounidenses como el FBI, DEA, CIA, HSI, CBP y ATF, que operarán en territorio mexicano sin que exista un marco público claro sobre los términos de esta colaboración.

Fuentes al interior de las corporaciones de seguridad confirmaron a este medio que, contrario a lo declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum —quien ha negado autorización para operaciones extranjeras en suelo nacional—, el piso 18 alberga ya a analistas de estas agencias, quienes trabajarán “con sus propias herramientas” pero desde el corazón del sistema de inteligencia estatal. No se trata de cooperación remota, sino de presencia física, un giro que redefine la soberanía en la frontera y que ha sido ocultado a la opinión pública.

Mientras la Torre Centinela fue inaugurada oficialmente este lunes, su ocupación real dista de ser la anunciada. Según denuncias de elementos de la Policía Estatal, se ha ordenado la movilización forzada de agentes desde Chihuahua Capital, Parral y Cuauhtémoc hacia Ciudad Juárez, con el objetivo de “llenar espacios” y simular una operación plena. Incluso, se ha intensificado la reubicación de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que ha generado malestar entre los elementos, algunos de los cuales podrían ser obligados a mudarse a esta ciudad fronteriza, afectando su vida familiar y laboral.

Ayer, la torre fue ocupada por apenas 150 trabajadores administrativos, pero se desplegaron patrullas y agentes en el exterior para crear la impresión de que el complejo está en plena capacidad, aunque fuentes confirman que aún no está terminado. Esta estrategia de “simulación” evidencia la presión por justificar la inversión millonaria y el discurso oficial, mientras persisten dudas sobre la capacidad real para operar el centro.

La presencia de agencias estadounidenses en la Torre Centinela no solo marca un cambio en la dinámica de seguridad fronteriza, sino que expone una tensión política sobre los límites de la colaboración. Mientras el gobierno federal insiste en que no hay autorización para operaciones extranjeras, los hechos demuestran lo contrario: la seguridad en la frontera ya no se decide solo desde México.

Este escenario plantea un dilema crítico: ¿hasta dónde la cooperación binacional fortalece la seguridad y hasta dónde compromete la autonomía nacional? La falta de transparencia en los acuerdos, sumada a la movilización forzada de agentes estatales para cubrir vacíos operativos, agrava las críticas, especialmente cuando no hay un posicionamiento claro de las autoridades sobre el alcance de esta colaboración ni sobre las condiciones laborales de los elementos reubicados.