🎥Movimiento #SoyPapáNoCriminal marcha al Congreso y exige desde custodia compartida hasta castigo a denuncias falsas
Nota y fotos por: Silver Juárez Arce
Decenas de padres de familia, acompañados de mujeres — esposas, madres, familiares solidarios y ciudadanos — se manifestaron este viernes 24 de abril en la capital del estado bajo la consigna “Soy papá, no criminal”, en una marcha que arrancó desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y concluyó en los exteriores del Congreso del Estado de Chihuahua, donde entregaron formalmente un pliego petitorio con ocho demandas concretas.
La movilización inició alrededor de las 9:30 horas con la presentación oficial del documento ante el TSJ, reuniendo a manifestantes que expresaron impotencia ante lo que describen como un sistema que les ha arrebatado el contacto con sus hijos mediante denuncias instrumentales. La presencia femenina fue notoria desde el punto de partida en los tribunales, con mujeres que marcharon junto a los padres afectados para respaldar sus causas. La marcha partió a las 10:30 horas por la avenida Juárez, continuó por la avenida Ocampo hasta la calle Aldama y de ahí se dirigió al exterior del Congreso del Estado.
Durante el recorrido, los participantes corearon consignas como “¡Soy papá, no criminal!”, “¡La justicia no tiene género!” y “¡Papá es igual a mamá!”, mientras portaban cartulinas dirigidas tanto al Poder Judicial como al Congreso local.
El pliego: ocho demandas al Congreso: Obed Torres, padre afectado e integrante del movimiento que se identificó como abogado, fue uno de los voceros centrales de la jornada. Leyó ante los presentes y ante medios el documento entregado formalmente a la Presidencia del Congreso, que contiene las siguientes exigencias:
Primera, la creación de una figura jurídica equivalente a la violencia vicaria pero aplicable cuando la víctima sea varón. Segunda, la inclusión expresa de los hombres en instrumentos estadísticos oficiales como el INEGI. Tercera, un marco normativo de protección general frente a la violencia sin distinción de género. Cuarta, la implementación de igualdad parental, que incluya custodia compartida y convivencia efectiva con ambos progenitores. Quinta, un protocolo específico para atender denuncias instrumentales, es decir, aquellas que se interponen estratégicamente para bloquear convivencias judicialmente ordenadas. Sexta, la creación de convenios y rutas de atención coordinadas con organismos de víctimas. Séptima, la aplicación no excluyente de la legislación vigente y acceso igualitario a todas las rutas institucionales. Octava, la investigación, sanción y reparación en casos de denuncias falsas.
Torres subrayó la complejidad procedimental que enfrenta quien quiere denunciar una acusación falsa: para que una denuncia sea catalogada como tal, primero se requiere que un juez de control emita un auto de no vinculación a proceso y que el Ministerio Público quede conforme con esa resolución. “La verdad, ¿cuántas personas denuncian una denuncia falsa?”, cuestionó ante la multitud. “Tú ya saliste de la bronca… pero ya es batán cuando ponen la denuncia también.”
El abogado también denunció una asimetría en la atención institucional: cuando acude con clientas mujeres a la Fiscalía de la Mujer, relató, la denuncia procede sin exigencia de pruebas y las medidas cautelares se dictan de inmediato. “Si tú vas a denunciar, ya te piden todas las pruebas del mundo.” Pidió además capacitación para los jueces en perspectiva de infancia —en lugar de perspectiva de género— cuando los casos involucren guarda, custodia y convivencia con menores.
El caso de Erick Almuina, narrado por su esposa: Corina Ramírez, quien acudió a la marcha para acompañar a su esposo Erick Almuina, fue una de las mujeres presentes en la movilización y dio uno de los testimonios más detallados de la jornada. Al preguntársele sobre su presencia en una marcha que a primera vista parecía integrada principalmente por hombres, respondió sin titubeos: “Yo vengo a apoyar a mi esposo porque sí he sido testigo de esta situación.”
Explicó que la situación de Almuina con su hija lleva más de un año: la expareja le interpuso una denuncia falsa luego de que él solicitara la patria potestad compartida de la menor y ella se negara, advirtiéndole que buscaría la manera de quitársela. La denuncia resultó en la suspensión total de las convivencias. Tras más de un año de proceso legal, el juez lo declaró inocente y le otorgó visitas supervisadas en los juzgados, dos horas por semana. Sin embargo, hace aproximadamente dos meses, la expareja presentó un amparo que nuevamente suspendió esas visitas mínimas.
Corina señaló que los juzgados aumentaron la pensión alimenticia sin realizar un estudio socioeconómico previo a Almuina. “Ella dice que gasta aproximadamente 16 o 20 mil pesos mensuales con la niña, le pide más pensión… y simplemente le dijeron que tenía que dar tanto, y eso es.” Puntualizó que, a pesar de todo, su esposo no ha dejado de pagar la pensión. También relató que la niña expresa durante las visitas supervisadas el deseo de pasar más tiempo con su padre y pide videollamadas, peticiones que hasta ahora han sido ignoradas por las autoridades.
Críticas a la “ley de línea” y exigencia de presencia legislativa: Varios manifestantes también dirigieron sus reclamos hacia los diputados locales y cuestionaron con dureza la llamada “ley de línea”, una legislación aprobada recientemente en el Congreso de Chihuahua que, según los manifestantes, permite a una mujer alegar defensa propia ante un hombre con solo dos testigos. Uno de los oradores señaló que el diputado Olson fue el único legislador que no votó a favor de esa ley.
Los participantes exigieron a los diputados de todos los partidos, incluido el PAN, bajar a dialogar con la multitud. “Lo hicieron a escondiditas, porque a nadie le informaron, porque no pidieron autorización a las instituciones”, reprochó uno de los oradores entre aplausos. Otro añadió que la ley es rechazada por comunidades católicas, cristianas, luteranas y evangélicas.
Al llegar al Congreso, los integrantes del movimiento manifestaron su inconformidad ante lo que consideran denuncias falsas y exigieron justicia para sus hijos. Finalmente entregaron su pliego petitorio en la oficina de Presidencia del Congreso. Se estimaba que posteriormente la marcha se dirigiría hacia el Palacio de Gobierno.