Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

– “Son un partido terrorista”: PRI exige que Morena sea declarado narcopartido ante el gobierno de Estados Unidos

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua respaldó este jueves la denuncia presentada por su dirigente nacional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que solicita que Morena sea formalmente declarado un narcopartido y organización terrorista, en el contexto de las acusaciones del gobierno estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al menos nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado vinculados al crimen organizado.

En rueda de prensa encabezada por la secretaria general del PRI estatal, Janeth Montes López; el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Roberto Arturo Medina Aguirre; el presidente del PRI Municipal de Chihuahua, Guillermo Patricio Ramírez; y el diputado local José Luis Villalobos, los representantes del partido sostuvieron que la situación en Sinaloa es la consecuencia directa de años de connivencia entre Morena y el crimen organizado, y que el gobierno federal ha ignorado sistemáticamente las denuncias que el PRI ha venido presentando desde 2021 ante instancias nacionales e internacionales.

Medina Aguirre señaló que la llegada de López Obrador al poder significó, a su juicio, la pérdida de la soberanía del país, y que los operadores políticos de Morena utilizaron el poder del pueblo para construir alianzas con organizaciones criminales que hoy aterrorizan a familias en gran parte del territorio nacional. Subrayó que el gobierno de Estados Unidos no lanza acusaciones de esa magnitud sin sustento, y que el hecho de que el gobierno mexicano haga caso omiso y niegue sistemáticamente los señalamientos solo profundiza la gravedad de la situación.

Montes López recordó que fue el propio Alejandro Moreno quien en 2021 interpuso denuncias ante organismos internacionales por lo que ocurría en Sinaloa, en un momento en que otros partidos preferían ignorar la crisis. Detalló que durante el proceso electoral de ese año, militantes, funcionarios de casilla y representantes del PRI en ese estado fueron secuestrados y amenazados para que no participaran, urnas fueron robadas y llenadas con votos, boletas quemadas y centros de votación vigilados por gente armada. Ese mismo patrón, dijo, se repitió en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y otras entidades, sin que el gobierno federal tomara medida alguna.

El diputado José Luis Villalobos fue el más enfático al detallar el costo humano de la crisis en Sinaloa: más de cuatro mil homicidios en los últimos 23 meses, más de 1,600 personas desaparecidas —entre ellas 108 menores de edad—, más de 90 agentes de seguridad asesinados, más de 11,000 vehículos robados, tres mil negocios cerrados, 20,000 empleos perdidos y 20 meses consecutivos de toque de queda a las seis de la tarde en Culiacán. Ante ese panorama, subrayó, el discurso de Morena resulta insuficiente para ocultar la responsabilidad del partido y de quienes han gobernado ese estado.

Villalobos presentó también ante los medios el acuse de recibo de una denuncia formal presentada por el PRI en 2025 ante la Fiscalía General de la República, entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero, en contra de Andrés Manuel López Obrador, Américo Villarreal Anaya, Mario Delgado Carrillo, Rubén Rocha Moya, Andrés Manuel López Beltrán, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Alfonso Durazo Montaño, Layda Elena Sansores San Román y Manuel Barle Díaz. Esa denuncia, dijeron, no tuvo ningún seguimiento por parte de una fiscalía que calificaron como subordinada a los intereses de la Presidencia de la República.

Frente a la declaración de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien responsabilizó al PRI y a Alejandro Moreno de provocar la supuesta intervención extranjera en los gobiernos morenistas al haber denunciado a sus funcionarios ante instancias internacionales, los priistas respondieron con dureza. Medina Aguirre recordó que el propio Andrés Manuel López Obrador acudió en múltiples ocasiones a Washington a denunciar a actores políticos mexicanos, y que cuando fue el caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, Morena aplaudió la intervención de los tribunales estadounidenses y la figura de los testigos protegidos. La diferencia, dijeron, es que ahora los señalados son funcionarios del propio partido en el poder.

Villalobos añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó voluntariamente el año pasado a 30 capos del crimen organizado con órdenes de extradición activas, en términos idénticos a los que hoy pesan sobre Rocha Moya y sus colaboradores, lo que a su juicio desmonta el argumento de la soberanía nacional como escudo frente a las acusaciones. Exigió que el gobernador con licencia y todos sus cómplices sean extraditados, y advirtió que de no hacerlo el gobierno federal estaría acreditando el vínculo que tiene con el crimen organizado.

Sobre las posibilidades electorales del PRI en Sinaloa de cara a futuros procesos, Montes López afirmó que el partido no perdió ese estado sino que se lo robaron, y que la estructura priista en la entidad —encabezada por el coordinador de diputados locales Bernancelo— nunca dejó de trabajar ni de alzar la voz, al igual que la senadora Paloma Sánchez. Dijo que el Comité Directivo Estatal de Chihuahua y el Comité Ejecutivo Nacional respaldarán ese trabajo, porque el PRI es una familia que debe actuar como oposición responsable y unida frente a lo que ocurre no solo en Sinaloa sino en todo el país.