El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, advirtió que la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear mecanismos de revisión de candidatos con posibles vínculos con el crimen organizado podría convertirse en un “arma de doble filo”.

La iniciativa federal plantea establecer filtros y mecanismos de evaluación para detectar riesgos de infiltración del crimen organizado en futuras candidaturas electorales, mediante una comisión encargada de analizar perfiles políticos.

Al respecto, De la Peña Grajeda consideró que la propuesta debe discutirse con profundidad antes de ser aprobada, ya que, señaló, existen riesgos relacionados con la discrecionalidad y el posible uso político de la información.

Indicó que, según lo planteado hasta ahora, la comisión tendría la facultad de determinar quién representa un riesgo para participar en procesos electorales, sin que necesariamente se transparenten los elementos o pruebas utilizadas para llegar a dichas conclusiones.

“El riesgo es que se termine señalando o etiquetando a ciudadanos sin pruebas suficientes”, expresó el funcionario estatal, quien además consideró que el mecanismo podría derivar en persecuciones políticas o descalificaciones con intereses partidistas.

Asimismo, cuestionó que una propuesta de este tipo surja de un gobierno identificado históricamente con la izquierda política, sector que, dijo, anteriormente defendía limitar las facultades intrusivas del Estado sobre los ciudadanos.

El secretario general sostuvo que antes de crear nuevos órganos de control político, deberían fortalecerse instituciones ya existentes como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de investigar directamente posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.

De la Peña también criticó el manejo de ciertos casos relacionados con actores políticos señalados internacionalmente, al afirmar que en algunos se exigen pruebas contundentes, mientras que en otros bastan acusaciones mediáticas para generar condenas públicas.

Finalmente, pidió que el debate sobre la propuesta federal se lleve a cabo de manera abierta y transparente, considerando las implicaciones legales, políticas y sociales que podría generar en futuros procesos electorales.