En el marco de los trabajos convocados por el Senado de la República con relación a la iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Feminicidio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) presentó su opinión en la que destaca el fortalecimiento de la respuesta frente a este delito, recursos suficientes, atención temprana del riesgo, coordinación institucional y perspectiva de género.

Representada por el titular de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Políticas Públicas, Abdiel Yair Hernández Ortiz, la CEDH participó en dichas mesas de trabajo, coincidiendo en señalar que la violencia feminicida no es solo un fenómeno delictivo sino una grave violación a los derechos humanos vinculada a condiciones estructurales de desigualdad y discriminación hacia las mujeres.

En el documento presentado por la CEDH, se argumenta que la efectividad de la ley dependerá de que se destinen recursos suficientes, personal especializado y mecanismos verificables de seguimiento y evaluación.
De igual forma, hace hincapié en el fortalecimiento de la prevención y la atención temprana del riesgo, por lo que deberá existir una coordinación efectiva entre las autoridades competentes para atender de forma oportuna los patrones de riesgo y antecedentes de violencia, con el fin de prevenir su escalamiento.

Para tal efecto, se requiere una clara articulación de las atribuciones y responsabilidades entre la Comisión Especial, el Sistema Nacional, las Fiscalías especializadas, las Alertas de Violencia de Género y las demás instancias competentes, que favorezca la complementariedad y evite la dispersión de esfuerzos.

La CEDH subrayó la importancia de fortalecer las capacidades de las y los ministerios públicos, policías, personal pericial y de asesorías jurídicas, así como de las personas juzgadoras, para que en toda la ruta de acceso a la justicia, la perspectiva de género, la interseccionalidad y el enfoque territorial se apliquen de manera prioritaria y efectiva, desde la prevención y la investigación hasta la judicialización del feminicidio.