Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua, acusó este miércoles que la subasta de 167 viviendas del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado, en el municipio de Cuauhtémoc, está viciada de origen. El legislador presentó un oficio dirigido al director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), José Antonio Chávez Rodríguez —identificado como Oficio No. CM/LXVIII/462/26, fechado el 8 de septiembre de 2026—, mediante el cual solicita formalmente una inspección al fraccionamiento y, en su caso, la cancelación de la venta.

De acuerdo con el propio documento, la subasta se realizó el 10 de junio de 2026 a las 11:00 horas, bajo la Convocatoria No. COESVI/SUBASTA/002/2026-BIS, y el remate se fincó en 45 millones 623 mil pesos a favor de la empresa AGH Inmobiliaria, S.A. de C.V. El conjunto habitacional, ubicado entre las calles Topografía e Ingeniería de la colonia Pensiones Civiles del Estado, cuenta con 22 mil 218.47 metros cuadrados de terreno y 8 mil 208.75 metros cuadrados de construcción.

Estrada acusó además que Coesvi publicó apenas ayer, 8 de septiembre, una “fe de erratas” para corregir el fundamento legal del remate —originalmente citado en el artículo 64, fracción quinta, de la Ley de Bienes del Estado, y sustituido por el 47, fracción cuarta— pese a que el documento aparece fechado el 24 de junio. Según el legislador, esa corrección y el convenio de colaboración entre Coesvi y Pensiones Civiles no figuraban en el listado de expediente que la propia dependencia le entregó por escrito el 16 de julio, en respuesta a una solicitud de información que Morena presentó el 2 de julio.

En el terreno financiero, el diputado mostró una infografía con cifras que atribuyó a análisis propios de su bancada: del monto total de 45.6 millones de pesos, solo se ha cubierto un enganche de 4 millones 500 mil pesos por las 167 casas, equivalente a aproximadamente 26 mil 946 pesos por vivienda. Según la misma infografía, esas casas ya se ofertan en el mercado a un precio promedio de 900 mil pesos cada una, lo que representaría una venta total potencial de 150 millones 300 mil pesos por el conjunto completo.

Las propias bases de venta que Estrada proyectó durante la conferencia establecen que el ganador de la subasta tiene un plazo no mayor a un año, contado a partir del fincamiento del remate, para cubrir el pago total de los inmuebles, y que la compraventa “surtirá todos sus efectos legales” —incluido el derecho a protocolizar el inmueble— solo hasta que se cubra la totalidad del precio de venta. Con base en esa cláusula, el legislador sostuvo que la empresa estaría tomando posesión física y realizando modificaciones en las viviendas antes de haber liquidado el monto pactado, en incumplimiento de las propias reglas del remate.

El diputado mostró fotografías y video, que dijo haber tomado él mismo y con compañeros de bancada esta semana, donde se observan trabajadores realizando remodelaciones y colocando cercos metálicos dentro del fraccionamiento, además de vecinos que aseguran recibir ofertas de compra de las viviendas por parte de la empresa.

Estrada cuestionó que la función de Coesvi se haya convertido, a su juicio, en la de un agente inmobiliario que especula con bienes del Estado ya construidos, en lugar de generar condiciones de vivienda de interés social, que es su mandato legal. Recordó que la Junta de Gobierno de Coesvi está integrada, entre otros, por la gobernadora del estado y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y la de Obras Públicas.

Como salida, el legislador propuso que el gobierno estatal deje sin efecto la venta, devuelva a la empresa lo pagado hasta ahora y lance un programa de venta social a familias de Cuauhtémoc, del magisterio, de Pensiones o personas desplazadas, a un precio cercano a los 300 mil pesos por vivienda. Adelantó que Morena integra una demanda para anular administrativamente el remate y que llevará el caso ante la auditoría estatal, y negó tener un interés político-electoral en el asunto.