Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, se pronunció este miércoles sobre la controversia generada por el cambio de medida cautelar otorgado a Luis Fernando Espada Iglesias, acusado del homicidio de Basilio Calderón en el accidente vial ocurrido frente al Hospital Ángeles de la capital. La medida fue modificada por el juez Juan Pablo Campos, exregidor y militante activo del PAN, electo como juez penal en la pasada elección judicial, quien determinó que Espada Iglesias enfrentará el proceso bajo prisión domiciliaria en lugar de ser trasladado al Cereso de Aquiles Serdán, como estaba previsto inicialmente.

El legislador dijo sumarse a las críticas expresadas previamente por el coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, sobre este caso, aunque aclaró que no pone en duda la legalidad de la decisión del juzgador, sino que exige mayor información pública sobre el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Insistió en que un juez debería pronunciarse con claridad sobre si hubo o no dolo en los hechos, en un caso donde ya existe una persona fallecida.

De acuerdo con lo señalado en la conferencia, la Fiscalía General del Estado confirmó que Espada Iglesias conducía bajo los efectos de cocaína y metanfetamina al momento del accidente. La defensa del acusado sostiene, dentro del proceso, que padece problemas psiquiátricos, argumento que se ha planteado para explicar su comportamiento al momento de los hechos, aunque hasta el momento no se ha confirmado con una pericial que lo determine inimputable.

Estrada sostuvo que el órgano encargado de vigilar el desempeño de jueces y magistrados, el Tribunal de Disciplina Judicial, debería tener una actuación más visible y comunicar de manera constante los resultados de sus revisiones al gremio judicial. Señaló que, al revisar el informe reciente de ese órgano, encontró apenas alrededor de siete resoluciones, cifra que consideró baja frente a las quejas que, dijo, escucha de abogados litigantes en materia penal, civil, familiar y laboral.

Puso como antecedente el caso conocido públicamente como “Plenitud”, en el que recordó que el entonces fiscal general, César Jáuregui, anunció que se presentaría una denuncia relacionada con la actuación de un juez que concedió un amparo, indagatoria que dijo estar en curso. Con ese precedente, cuestionó por qué habría resistencia a que el Tribunal de Disciplina revise también la actuación del juez Juan Pablo Campos, tomando en cuenta que, según el diputado, este mismo juzgador ya había sido señalado en octubre del año pasado por una vinculación a proceso sin fundamentación jurídica adecuada.

El diputado amplió su crítica al funcionamiento general del Poder Judicial estatal, al señalar que un día antes se inauguraron instalaciones en Parral sin salas de audiencia operativas, mientras que la cobertura de justicia se concentra en la capital. Añadió que no existen mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, para los jueces y magistrados electos por voto popular en la reciente reforma judicial, lo que —dijo— corresponde legislar al Congreso.

Estrada evitó pronunciarse sobre si deberían endurecerse las penas para este tipo de delitos, al considerar que la legislación penal del estado ya es severa y que el problema radica en la falta de seguimiento institucional al actuar de los juzgadores, no en el marco legal vigente.

Durante la conferencia, un reportero cuestionó al diputado si el electorado tiene algún mecanismo de participación política sobre las decisiones del Poder Judicial una vez que sus integrantes son elegidos, a lo que Estrada respondió que la legislación actual no contempla dicha figura, aunque personalmente estaría de acuerdo en incorporarla.

El legislador cerró el tema reiterando que su exigencia no es hacia el juez Juan Pablo Campos por la resolución concreta que emitió, sino hacia el Tribunal de Disciplina Judicial, al que pidió mayor contundencia y comunicación pública sobre sus revisiones a jueces y magistrados en general, particularmente tratándose de un juzgador con una militancia partidista activa previa a su elección.