Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El analista político Jesús Alberto Hernández advirtió sobre los distintos factores que, desde su perspectiva, están generando preocupación de cara al proceso electoral de 2027, al considerar que existe una combinación de concentración del poder, falta de coordinación entre las fuerzas opositoras y una participación todavía insuficiente de la sociedad civil.

Durante su participación semanal en un programa transmitido desde Durango con conexión a Chihuahua, Hernández planteó como uno de los principales temas de discusión lo que identificó como una posible “venezolización” del proceso electoral mexicano, concepto que relacionó con señalamientos hechos anteriormente por el expresidente Felipe Calderón.

El analista sostuvo que existen preocupaciones respecto al funcionamiento de las instituciones electorales y del Poder Judicial, además de cuestionar la conducción de las reformas relacionadas con el sistema electoral. En particular, mencionó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque estos señalamientos forman parte de su interpretación política y no de una determinación institucional sobre falta de imparcialidad.

Actualmente, el INE ya trabaja en la preparación del Proceso Electoral Federal 2027, mientras que su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, ha señalado que el organismo mantiene su estructura y coordinación institucional para organizar los comicios.

Hernández también cuestionó el papel que, a su consideración, están desempeñando los partidos de oposición y señaló que una de sus principales debilidades es la ausencia de un proyecto común. En ese contexto, habló de la discusión sobre posibles alianzas electorales, particularmente entre PAN, PRI y otras fuerzas políticas.

Sobre este punto, el PAN ha confirmado que todavía no existe una alianza nacional construida para 2027 y que su dirigencia analiza las condiciones particulares de cada entidad antes de tomar decisiones.

El analista también se refirió a Movimiento Ciudadano y a la postura de sus dirigentes frente a las alianzas, mientras que cuestionó la estrategia del PAN de fortalecer sus propias siglas antes de definir eventuales acuerdos electorales. Hernández consideró que la coordinación opositora no tendría que limitarse a las coaliciones en las boletas, sino incluir acciones para la defensa del voto y la participación ciudadana.

Otro de los temas abordados fue el papel de los programas sociales y las becas del Bienestar en los procesos electorales. Hernández sostuvo que estos apoyos tienen un peso importante en la percepción ciudadana y en las decisiones políticas, al tiempo que cuestionó la manera en que desde el gobierno se construye la narrativa pública.

En su análisis también planteó la posibilidad de que existan divisiones dentro de Morena y señaló que los conflictos internos podrían convertirse en uno de los elementos que modifiquen el escenario rumbo a 2027. Al mismo tiempo, hizo referencia a acusaciones sobre posibles vínculos entre grupos políticos y organizaciones criminales, particularmente a partir de casos como el de Sinaloa, aunque estos señalamientos fueron presentados dentro de su análisis político y no como hechos judicialmente acreditados.

Hernández sostuvo que frente a este panorama la sociedad civil tendría un papel relevante. Mencionó a organizaciones, empresarios, iglesias, medios de comunicación y grupos de ciudadanos que han expresado inconformidades con distintas decisiones gubernamentales, y consideró que el reto consiste en lograr una mayor coordinación entre estos sectores.

En la conversación también se planteó la posibilidad de que México pueda vivir una movilización social similar a la ocurrida en otros países. Ante la propuesta de utilizar una eventual intervención de Estados Unidos como factor para impulsar cambios políticos, Hernández respondió que la experiencia internacional demuestra que la movilización social por sí misma no garantiza una intervención extranjera ni el resultado esperado.

Otro de los asuntos mencionados al inicio del programa fue el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en San José Iturbide, Guanajuato, operativo que la Fiscalía General de la República reportó como el mayor decomiso de este tipo durante el actual sexenio.

Hacia el cierre de la conversación, el análisis se trasladó a Chihuahua, particularmente al encuentro privado que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia Campos durante la visita presidencial a Ciudad Juárez. El encuentro ocurrió el 19 de septiembre y tuvo entre sus temas el caso relacionado con la participación de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico en el estado.

Hernández planteó que habrá que observar si este acercamiento representa una disminución de las tensiones entre ambos gobiernos y si existen consecuencias políticas o jurídicas derivadas de aquel caso. También mencionó al exfiscal estatal César Jáuregui dentro de los escenarios que, desde su perspectiva, deberán seguirse de cerca.

El analista concluyó su participación señalando que el escenario rumbo a 2027 y 2030 dependerá no solamente de los partidos políticos, sino también de la capacidad de organización de la sociedad civil, de la participación ciudadana y de la construcción de propuestas que permitan competir electoralmente en un escenario cada vez más disputado.