Ciudad Victoria / Nuevo Laredo, 14 de octubre de 2026. El gobierno de Tamaulipas rechazó haber otorgado contratos estatales a las empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Noreste. Sin embargo, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo confirmó que sí mantuvo contratos de obra pública con dos de las constructoras señaladas por las autoridades estadounidenses.

La acusación de Washington
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a la red empresarial sancionada de:
Lavar dinero para el Cártel del Noreste.
Financiar al crimen organizado a través de sectores como construcción, transporte y combustibles.
Utilizar contratos públicos y privados como mecanismo para legitimar recursos ilícitos.

Las sanciones implican congelamiento de activos en territorio estadounidense y prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de EE.UU.

La postura de Tamaulipas
El gobierno estatal aseguró que no existen registros de contratos con las firmas sancionadas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una disposición que prohíbe a las dependencias estatales celebrar futuras contrataciones o inscripciones con las personas y compañías designadas por OFAC.

“No hay evidencia de vínculos contractuales a nivel estatal. Se han tomado medidas preventivas para blindar las finanzas públicas”, señaló la dependencia.

El caso de Nuevo Laredo
En contraste, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reconoció que dos de las empresas constructoras sancionadas participaron en proyectos de obra pública municipal.

Se trató de contratos de pavimentación y rehabilitación de infraestructura urbana.

Las autoridades locales afirmaron que los convenios se firmaron antes de las sanciones de EE.UU., pero admitieron que revisarán los expedientes para deslindar responsabilidades.

Implicaciones políticas y económicas
El señalamiento de OFAC coloca bajo escrutinio la transparencia en la adjudicación de contratos públicos en la frontera norte.

La confirmación de vínculos municipales contrasta con la negativa estatal, lo que abre un debate sobre la coordinación institucional.

Expertos advierten que la infiltración del crimen organizado en sectores económicos formales representa un riesgo para la gobernabilidad y la relación bilateral con Estados Unidos.

Conclusión
El caso expone la tensión entre las versiones oficiales en México y las acusaciones de Washington. Mientras Tamaulipas niega vínculos con las empresas sancionadas, Nuevo Laredo reconoce contratos previos, lo que evidencia la complejidad de combatir el lavado de dinero y la penetración del crimen organizado en la economía formal.