Nota y fotos por Silver Juárez Arce

El coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, pidió al Poder Judicial de Chihuahua explicar los criterios utilizados para modificar la adscripción de magistrados y la ubicación de las salas, al considerar que las decisiones deben responder a necesidades del servicio y no a intereses personales o políticos.

Durante una rueda de prensa, el legislador se refirió a los cambios en la distribución de los órganos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), incluidos los traslados de salas regionales de Hidalgo del Parral a Chihuahua capital y los movimientos de magistrados en materia civil entre la capital y Ciudad Juárez.

Entre los casos abordados en la discusión pública se encuentra el de la magistrada Diana Margarita Félix Sierra, cuya adscripción a la Tercera Sala Civil Regional en Ciudad Juárez fue modificada dentro de un reacomodo que también involucró a Adriana Salcido Burrola y Yamil Athié Gómez. El cambio fue reportado como parte de una reorganización de las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia.

Estrada cuestionó la concentración de órganos judiciales en Chihuahua capital y sostuvo que los cambios deben analizarse también desde la perspectiva de las personas que viven fuera de la capital y necesitan acudir a los tribunales. A su juicio, la reorganización de las salas debe mejorar el acceso a la justicia y no generar mayores distancias o dificultades para quienes requieren atención judicial.

El diputado reconoció que el Poder Judicial cuenta con atribuciones para organizar su funcionamiento interno, pero afirmó que esa autonomía no impide solicitar explicaciones sobre las decisiones que afectan la distribución de sus órganos. Por ello, pidió que se informe cuáles son las razones de cada movimiento y qué beneficios concretos se esperan para el servicio de justicia.

Como ejemplo de los riesgos del centralismo, Estrada planteó que sería cuestionable trasladar todos los tribunales federales de distintas entidades a la Ciudad de México, porque ello dificultaría el acceso a la justicia en las regiones. Consideró que el mismo criterio debe tomarse en cuenta al analizar la ubicación de las salas judiciales dentro del estado de Chihuahua.

El coordinador morenista dijo que no contaba con elementos concluyentes para afirmar que los cambios respondieran a una represalia o a un interés político. Sin embargo, pidió que el Poder Judicial explique los motivos de las decisiones y que exista claridad sobre los criterios aplicados, en especial cuando los movimientos generan inconformidad o dudas entre quienes integran la institución.

En el caso de Diana Margarita Félix Sierra, la discusión pública sobre su cambio de adscripción también ha estado relacionada con las declaraciones de su esposo, Luis Villegas Montes, exmagistrado y abogado que ha cuestionado la decisión. Villegas ha planteado que el movimiento podría estar relacionado con diferencias políticas y anunció que buscaría vías legales para impugnarlo. Esas afirmaciones corresponden a su postura y no acreditan, por sí mismas, que el cambio haya sido una represalia.

El reacomodo judicial también incluyó la asignación de Adriana Salcido Burrola a una sala en Chihuahua capital y el cambio de adscripción de Yamil Athié Gómez. De acuerdo con la información publicada sobre la determinación, el órgano administrativo judicial tomó en cuenta una solicitud de Salcido relacionada con circunstancias personales y familiares. La existencia de esa explicación debe considerarse al informar sobre el caso, sin dar por probadas otras motivaciones que no hayan sido acreditadas.

Estrada sostuvo que respaldaría una reorganización si se demuestra que mejora la atención, agiliza los procedimientos o permite aprovechar mejor los recursos de la institución. En cambio, consideró necesario cuestionar cualquier decisión que pudiera responder a diferencias personales o a intereses ajenos al funcionamiento judicial.

El legislador también recordó que durante los últimos meses se han registrado otros movimientos en las sedes judiciales, incluidos los traslados de las dos salas regionales que operaban en Hidalgo del Parral hacia Chihuahua capital. Esos antecedentes, sostuvo, hacen necesario explicar de manera transparente los criterios con los que se decide dónde deben funcionar los órganos jurisdiccionales.

Finalmente, Estrada defendió su derecho a opinar sobre la organización del Poder Judicial y señaló que hacerlo no significa desconocer las atribuciones de sus integrantes. Su planteamiento, explicó, es que las decisiones administrativas que afectan la distribución territorial de los tribunales deben poder justificarse ante la ciudadanía y responder a una mejora comprobable en el acceso a la justicia.