Gerardo Cortinas Murra


Durante décadas han prevalecido infinidad de malas prácticas judiciales. Una de ellas es el castigo a funcionarios judiciales; en la mayoría de los casos, por ser funcionarios incómodos o por mera consigna política.
Para una comprensión más objetiva de este tópico es necesario precisar dos cuestiones: la primera, quienes son funcionarios de carrera judicial; y la segunda, en que consisten las ‘comisiones’ judiciales.
Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) estable, en lo conducente, lo siguiente:

ARTÍCULO 19. En la integración de los Tribunales Superior, de Disciplina, del Órgano de Administración, de los juzgados y de cualquier cargo dentro del Poder Judicial, se deberá garantizar la paridad de género y privilegiarse que la selección para ocupar cargos judiciales recaiga en personas íntegras e idóneas, que tengan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para el cargo, mediante procesos en los que se valoren objetivamente los conocimientos y méritos de las personas aspirantes, fundamentalmente su experiencia y capacidad profesional.

ARTÍCULO 24. Las personas servidoras públicas que pertenezcan al Sistema de Carrera del Poder Judicial podrán ser comisionadas para ocupar diversa plaza, categoría o función y tendrán el derecho, al término de su comisión, a regresar a la plaza de carrera que venían ocupando, conservando los derechos del Sistema de Carrera.

ARTÍCULO 50. Además de las atribuciones y obligaciones que establece la Constitución Local, el Órgano de Administración será responsable de:
……………..
XII. Comisionar a las personas servidoras públicas a un cargo o función distinta para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial o para atender una encomienda especial y, en su caso, autorizar que el personal designado para atender la comisión correspondiente se separe temporalmente de su cargo.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL SISTEMA DE CARRERA DEL PODER JUDICIAL
ARTÍCULO 331. Para garantizar a las personas usuarias excelencia, eficacia y eficiencia, las personas servidoras públicas estarán obligadas a la actualización permanente y a la evaluación de su desempeño.
………………….
El Sistema de Carrera deberá garantizar en todas sus etapas la observancia de los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, experiencia, inclusión, paridad de género y antigüedad.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CARRERA JUDICIAL

ARTÍCULO 333. La carrera judicial estará integrada, entre otras, por las categorías siguientes:
I. Secretaría de segunda instancia.
II. Secretaría de primera instancia y Secretarías Instructoras A y B.
III. Defensoras y defensores públicos.
IV. Actuarias y actuarios.
………………………..

ARTÍCULO 335. Para la selección de las personas que ocuparán las vacantes que se generen, se emitirán convocatorias de concursos de oposición para integrar la lista de personas habilitadas, de conformidad con los Acuerdos Generales que emita el Órgano de Administración. Los concursos serán internos o abiertos; por cada interno se realizará uno abierto.
El Órgano de Administración, previo a la emisión de la convocatoria de los concursos de oposición, consultará a la sociedad e instituciones de gobierno interesadas para que en un intervalo de quince días hábiles realicen propuestas con carácter orientador.


En la praxis judicial en el Estado de Chihuahua, existe un grupo numeroso de secretarios de Sala que, arbitrariamente y discrecionalmente, han sido ‘comisionados’ de manera indefinida a cargos administrativos ajenos por completo a la función jurisdiccional.

A mi parecer, estas denigrantes e infames ‘comisiones’ conllevan la violación al principio de impartición de justicia; toda vez que estas ‘comisiones’ conllevan la imposibilidad procesal de que las personas usuarias (ciudadanía chihuahuense) tengan la seguridad de que en los litigios de los cuales son parte, los juzgadores tengan el apoyo de personas con vasta experiencia jurisdiccional.
Lo anterior, toda vez que los funcionarios judiciales son sustituidos, de manera indefinida, por personas sin la experiencia jurisdiccional de los funcionarios judiciales ‘comisionados’.


Por fortuna, hace unos días, en un caso concreto, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, dictó sentencia en un amparo en revisión en el que se resuelve que las ‘comisiones’ de funcionarios judiciales de carrera judicial en el Estado de Chihuahua, NO satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación legal.
En dicha sentencia, se precisan las siguientes consideraciones jurídicas:

Esto es, el acto administrativo que dio lugar a ese status de comisión carece de eficacia jurídica, (ya que) era imperativo que el Consejo de la Judicatura expusiera ante el propio Pleno del TSJ, la motivación necesaria a efecto de justificar la comisión a un puesto administrativo de la funcionaria jurisdiccional quejosa, quien también había sido adscrita a la Oficina de la Presidencia del TSJ, no obstante que su cargo es el de secretaria de Sala, sin que en el caso se hubiera demostrado esa justificación, y por lo cual fue nulificado.

En otras palabras, la quejosa claramente tiene un derecho adquirido, consistente en su plaza como secretaria de Sala adscrita a la Primera Sala Penal del TSJ, el cual está siendo vulnerado por un acto discrecional del propio Consejo de la Judicatura, que de manera contraria a derecho fue validado, por el Pleno del TSJ, toda vez que se desconocen las circunstancias, motivos o razones que justifiquen y den sustento a la comisión de una funcionaria jurisdiccional a un puesto administrativo diverso a sus funciones, ya que ni del oficio de comisión, ni de las constancias respectivas se advierten los aspectos necesarios e indispensables para sustentar la aludida comisión.

Es decir, a la fecha son ocho años y dos meses aproximadamente, en los que la quejosa sigue “comisionada” fuera de su lugar de adscripción, sin que se justifique con el acta respectiva la comisión atinente, y mucho menos, se justifique la razón por la cual dicha comisión fue otorgada sin una temporalidad justificada, que hasta la fecha tiene separada a la quejosa de su lugar de adscripción; lo que de manera evidente vulnera los derechos públicos subjetivos de la agraviada.

SÉPTIMO. Efectos del amparo:
Por las consideraciones expuestas, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable Pleno del TSJ, realice lo siguiente:
7.1. Deje insubsistente la resolución reclamada dictada.
7.2. Emita otra, en la cual declare inválido el acto administrativo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, mediante el cual se dispuso la continuación de la comisión a cargo de la quejosa, Y ORDENE QUE DICHA PROFESIONISTA SEA READSCRITA AL LUGAR DE SU PLAZA COMO SECRETARIA DE SALA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Por mi parte, comparto el alegato de la funcionaria judicial afectada, dada cuenta que es innegable que las ‘comisiones administrativas’ constituyen, sin duda alguna, una sanción encubierta, disfrazada de adscripción indefinida a un área puramente administrativa; en otras palabras, una represalia de índole política.
Lo anterior es así, toda vez que existen precedentes jurisprudenciales en el que se adopta el criterio de que por ‘necesidades del servicio’ debe entenderse “la actualización de supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar determinadas acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la prestación del servicio público de administración de justicia, las cuales pueden ser de índole personal o material como la designación, adscripción, readscripción, suspensión o destitución de personas juzgadoras y demás personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de órganos jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan la realización del servicio público”.