Chihuahua, Chihuahua: El proceso penal contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, escaló este jueves a una confrontación abierta entre el panismo estatal y el Ejecutivo federal. Durante la presentación de Marcelo Torres como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional en la entidad, Marco Bonilla, coordinador de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, calificó al exfuncionario como un “preso político”.

Bonilla sostuvo que la imputación por traición a la patria, tipificada en el artículo 123 del Código Penal Federal, es desproporcionada y carece de sustento jurídico. Asimismo, reprochó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitiera juicios sobre el caso en su conferencia matutina días antes de la audiencia inicial, lo que a su juicio vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso.

El origen del litigio se remonta al operativo realizado entre el 16 y 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde fuerzas estatales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas. Al regresar de la sierra, un accidente vial provocó la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta y dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Tras ser detenido el 17 de octubre en el fuero local y reaprehendido dos días después por la Fiscalía General de la República, Jáuregui permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde su vinculación a proceso el 25 de octubre.

Mientras la defensa, encabezada por Héctor Villasana, aguarda la resolución de apelaciones en un plazo de dos a cuatro meses antes del cierre de la investigación complementaria en diciembre, la dirigencia estatal panista liderada por Daniela Álvarez prepara un desplegado aprobado por el Consejo Estatal del PAN. Aunque la sesión del 7 de noviembre exhibió fisuras internas por el voto en contra de la consejera Saraí Franklin —cercana a la gobernadora Maru Campos—, la cúpula blanquiazul y el senador Mario Vázquez cerraron filas para exigir imparcialidad judicial.

Comentario
El caso Jáuregui entrelaza una grave controversia de soberanía nacional con las tensiones sucesorias internas del panismo chihuahuense rumbo a 2027. Mientras la FGR enfrenta el reto técnico de acreditar en tribunales el tipo penal de traición a la patria por una cooperación policial irregular, la narrativa de persecución política impulsada por el PAN busca cohesionar a sus cuadros locales tras las evidentes fracturas entre el grupo de la gubernatura y los aspirantes municipales.