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Escala al Ministerio Público conflicto en Coyoacán: Morena respalda denuncias penales contra el diputado Ricardo Rubio

Ciudad de México: La confrontación política en la Ciudad de México por los instrumentos de planeación urbana trascendió el debate parlamentario para trasladarse al terreno judicial. La dirigencia local de Morena y su grupo parlamentario en el Congreso capitalino confirmaron que brindarán asesoría y acompañamiento legal a tres ciudadanas —entre ellas dos adultas mayores— que presentaron denuncias penales por lesiones ante la agencia del Ministerio Público COY-1 en contra del diputado local del PAN, Ricardo Rubio Torres, tras los hechos violentos registrados en la alcaldía Coyoacán.

El conflicto estalló el pasado martes 10 de noviembre durante la consulta pública sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), organizada por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) y la Sedatu en el auditorio de la Utopía Elena Poniatowska. De acuerdo con los testimonios de asistentes y autoridades, la llegada de Rubio Torres junto con un grupo de simpatizantes y su suplente, Daniel Jarero, desató una trifulca con gritos, empujones y jaloneos que obligó a suspender la sesión e ingresar a elementos policiales y de Protección Civil.

Pruebas de audio y cruce de acusaciones en Donceles

En conferencia de prensa, el presidente de Morena en la capital, Paulo García, advirtió que normalizar este tipo de choques representa un grave riesgo para la gobernabilidad democrática y secundó el llamado de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elevar el nivel del debate público. “El PAN felicitó a su diputado por incitar una trifulca de la que resultaron varias personas adultas mayores lesionadas en Coyoacán. Debate todo el que sea necesario, violencia nunca”, sostuvo el dirigente, respaldado por el vocero Ángel Tamariz, quien exigió que toda expresión política se mantenga por cauces pacíficos.

Por su parte, los legisladores morenistas por Coyoacán, Gerardo Villanueva y Roberto Castillo Cruz, exhibieron grabaciones de audio atribuidas al legislador blanquiazul durante asambleas vecinales previas. En el material difundido, se escucha presuntamente a Rubio advertir que impedirían la realización de la consulta oficial convocando a contingentes de Benito Juárez y demarcaciones vecinas para manifestar su rechazo. Asimismo, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política a emitir una reprobación pública contra el legislador panista.

La postura de Acción Nacional y la agenda urbana rumbo a 2027

Desde la bancada de Acción Nacional, diputados como Diego Garrido, Federico Chávez y Lizzette Salgado rechazaron las imputaciones y defendieron la actuación de Rubio, argumentando que la inconformidad vecinal surgió porque las autoridades capitalinas restringieron el acceso al auditorio a habitantes originarios de Coyoacán mientras priorizaron el ingreso de grupos acarreados. El propio Rubio Torres negó haber ejercido violencia física durante la comparecencia del secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, ante quien cuestionó el destino de los 2 mil 500 millones de pesos asignados a dicha dependencia en 2026.

El episodio ocurre en un momento crítico para la agenda legislativa del Palacio de Donceles, donde se procesan el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 —entregado recientemente al Legislativo— y las reformas en materia de rentas justas, iniciativas que enfrentan una fuerte oposición panista y anticipan un clima de alta polarización de cara a las elecciones intermedias de 2027.

Comentario
La gresca en la Utopía Elena Poniatowska exhibe el deterioro de los mecanismos de participación ciudadana en la capital mexicana, atrapados entre el cálculo electoral y la desconfianza mutua. Mientras la oposición acusa opacidad y control oficialista en las sedes de consulta sobre el futuro urbano de la metrópoli, convertir las asambleas vecinales en arenas de choque físico desvirtúa el derecho ciudadano a deliberar sobre proyectos que definirán el desarrollo territorial de la ciudad durante las próximas dos décadas.