Mexicali, Baja California: La ola de cancelaciones de visas estadounidenses contra la clase política de Baja California escaló este jueves al alcanzar al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López. De acuerdo con fuentes del gobierno de Estados Unidos citadas por el semanario ZETA, el Departamento de Estado revocó el documento migratorio del magistrado desde julio de 2026 y le notificó formalmente vía correo electrónico, aunque Fragozo sostuvo públicamente no haber recibido comunicación oficial. Con esta medida, Baja California se perfila como el primer estado del país donde las cabezas de los tres poderes enfrentan restricciones o señalamientos migratorios ante Washington.

El fenómeno estalló en mayo de 2025, cuando la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda y su entonces esposo, Carlos Torres Torres, perdieron sus visas de no inmigrante. Aunque la mandataria insistió en que se trató de una disposición administrativa sin delito de por medio, en octubre de 2026 el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Torres Torres en el Registro Federal por presunto lavado de dinero y vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que derivó en el bloqueo de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Efecto dominó en alcaldías y el Congreso estatal

A partir de ese episodio, el escrutinio bilateral se extendió a diversos cuadros del oficialismo bajacaliforniano:
• Sanciones financieras y municipales. La exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown Figueredo, perdió su visa tras ser incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). A la lista se sumaron la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, y su esposo Luis Samuel Guerrero —retenido en la garita de Calexico—, además del presidente municipal de San Felipe, José Luis Dagnino.
• Incertidumbre en el Poder Legislativo. Mientras la senadora Julieta Ramírez desmintió versiones en su contra transmitiendo desde California y la diputada con licencia Araceli Geraldo Núñez exigió derecho de réplica negando la pérdida de su documento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García, ha evitado acreditar la vigencia de su visa alegando que prefiere viajar por México y cuestionando la injerencia extranjera. Asimismo, el diputado local Jaime Eduardo Cantón Rocha también figura entre los funcionarios afectados.

Comentario
La revocación sistemática de visas a titulares de los poderes Ejecutivo, Judicial y a legisladores clave de Baja California trasciende el ámbito meramente consular para convertirse en un problema de gobernabilidad fronteriza. En una entidad cuya economía y seguridad dependen de la cooperación diaria con California, la opacidad tanto de Washington —que reserva los motivos bajo criterios discrecionales— como de los propios funcionarios mexicanos alimenta la desconfianza ciudadana y debilita la interlocución institucional rumbo al proceso electoral de 2027.