Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, criticó la resolución judicial que puso fin al proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), relacionado con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes.

Contreras calificó como inadmisible que el procedimiento contra el exfuncionario concluyera después de una tragedia que, afirmó, estuvo relacionada con omisiones y negligencias del Gobierno federal. A su juicio, la responsabilidad por hechos de esa magnitud también debe analizarse desde los niveles superiores de las instituciones encargadas de la operación y supervisión de los centros migratorios.

La legisladora sostuvo que la decisión representa una señal negativa sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de impartir justicia en México. También acusó al Gobierno federal encabezado por Morena de proteger a integrantes de su propio grupo político y de permitir que funcionarios relacionados con hechos graves eviten consecuencias.

El caso se refiere al incendio registrado en las instalaciones migratorias de Ciudad Juárez en marzo de 2023, que dejó 40 personas fallecidas. Garduño había enfrentado un proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en relación con los hechos.

La resolución judicial se produjo después de que el juez consideró cumplidas las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso, entre ellas medidas relacionadas con indemnizaciones, una disculpa pública y capacitaciones. La decisión fue cuestionada por familiares de las víctimas y sus representantes, quienes han expresado inconformidad con la forma en que se atendió el caso.

Durante la entrevista, Contreras afirmó que el Gobierno federal estaría intentando deslindar de responsabilidad al exfuncionario y sostuvo que la resolución no corresponde a la gravedad de lo ocurrido. Señaló que el caso no debe entenderse únicamente como un asunto local, sino como una tragedia que trascendió las fronteras de México debido a que entre las víctimas había personas de distintas nacionalidades.

La diputada también cuestionó el mensaje que, desde su perspectiva, reciben las familias de las víctimas cuando un proceso penal se cierra sin que ellas consideren que se haya alcanzado justicia. Afirmó que las autoridades están demostrando falta de interés en las personas fallecidas y en sus familiares.

Contreras concluyó que la resolución alimenta la percepción de impunidad y criticó que, a su juicio, las instituciones federales no estén respondiendo de manera suficiente ante la muerte de las personas migrantes. Sus señalamientos corresponden a su postura política sobre el caso; la determinación judicial, por su parte, se sustentó en el cumplimiento de las condiciones impuestas dentro del procedimiento.