Reportero de Policíacas

-Confirman salida de Omar Velázquez y Bárbara Herrera Díaz, acusados de mal manejo de casos sensibles niños, niñas y adolescentes

Cambios internos fueron realizados en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, luego de diversos señalamientos por presuntas negligencias e irregularidades ocurridas al interior de la institución, particularmente en áreas relacionadas con la protección de menores de edad.

Fuentes consultadas confirmaron la salida del procurador Omar Velázquez Ortega y de la subprocuradora Bárbara Herrera Díaz, movimientos que se dan en medio de cuestionamientos por el manejo de distintos casos sensibles que involucraban a niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado.

Aunque la decisión se concretó recientemente, al interior del organismo existían desde hace tiempo inconformidades y críticas hacia ambos funcionarios, a quienes trabajadores y personas cercanas a diversos casos señalaban por supuestas omisiones, falta de capacidad operativa e incluso presuntas irregularidades administrativas que habrían afectado a varias familias chihuahuenses.

Con los cambios anunciados, quedó al frente de la responsabilidad la licenciada Edith Ramírez, perfil que dentro del propio DIF es identificado como una funcionaria con experiencia institucional, preparación técnica y conocimiento de los procesos relacionados con la protección y restitución de derechos de menores de edad.

Trabajadores consultados consideraron que la designación representa un relevo importante para fortalecer la atención de casos prioritarios y recuperar la confianza en áreas que habían sido objeto de constantes críticas.

De manera extraoficial, versiones surgidas al interior del DIF señalan que una de las principales razones que habrían acelerado las destituciones estaría relacionada con los hechos registrados en el centro ubicado en la colonia Vida Digna, donde menores tutelados por el Estado presuntamente fueron víctimas de violencia sexual.

El caso generó preocupación y fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión, protección y seguimiento implementados por las áreas responsables del DIF Estatal, debido a la gravedad de las acusaciones y a la vulnerabilidad de las víctimas involucradas.

Hasta el momento, la institución no ha emitido un posicionamiento oficial detallando las causas específicas de los cambios ni el alcance de las investigaciones internas relacionadas con dichos hechos.