Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Con la frase de una niña de 12 años — “estamos aquí por la guerra” — la Misión Civil de Observación (MCO) presentó este viernes sus hallazgos preliminares en el Salón de Legisladores del Congreso del Estado de Chihuahua, al concluir cuatro días de recorridos en Parral, Delicias y la capital del estado, donde se encuentran asentadas familias desplazadas por la violencia en la Sierra Tarahumara y en municipios de Durango y Sinaloa.

La misión, que arrancó el martes 26 de mayo, está integrada por 22 personas de ocho organizaciones locales, nacionales e internacionales. Entre las locales participan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEM), la Alianza Sierra Madre, la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) y Nuevo Amanecer. A nivel nacional e internacional se sumaron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las Brigadas Internacionales de Paz y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Mariana Villarreal Frías, responsable del Fondo de Emergencia de la Red TDT, señaló que las aproximadamente 200 personas entrevistadas durante los recorridos provienen de comunidades de la sierra de Chihuahua, de municipios de Sinaloa y de localidades del municipio de Tamazula, Durango que no tienen conexión con su propia cabecera municipal. Advirtió que a la violencia armada se suma una guerra política entre el gobierno estatal y el federal cuyas víctimas son precisamente las familias desplazadas, que han quedado atrapadas en medio de esa disputa sin que ninguna de las dos partes asuma responsabilidad real. También identificó un grupo numeroso de desplazados en Cuauhtémoc — procedentes de Uruachi y Moris, con casi un año de permanecer sin atención formal — al que la misión no alcanzó a visitar por falta de tiempo.

Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, detalló que existen al menos 60 carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, pero que de ellas únicamente una ha sido judicializada. Los expedientes contienen testimonios que señalan colusión de funcionarios locales y elementos del ejército con grupos del crimen organizado, incluyendo saqueos de domicilios en comunidades abandonadas. López describió el patrón documentado: reclutamiento forzado, tortura, asesinatos, desaparición forzada y desplazamiento como eslabones de una misma cadena de violaciones a derechos humanos. También alertó sobre la ausencia de un censo oficial de personas desplazadas en el estado, lo que hace imposible dimensionar con precisión la crisis. Los únicos registros disponibles provienen de estimaciones académicas — entre ellas un estudio reciente de la Universidad Iberoamericana — y del trabajo de organizaciones civiles.

Las condiciones de vida que la misión constató son críticas: familias de hasta 13 personas durmiendo en cuartos de cuatro por cuatro metros, sin ventilación, sin muebles, a veces sin estufa, dependiendo de redes familiares y de la solidaridad de organizaciones civiles. La mayoría de quienes llegaron a las ciudades son mujeres e infancias, muchas hablantes de lenguas indígenas que no dominan el español, lo que agrava su acceso a empleo, salud y servicios básicos.

Sobre el caso Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, la misión documentó que familias que fueron obligadas a retornar a su comunidad sin condiciones de seguridad sufrieron consecuencias directas: una persona fue asesinada y otra desaparecida. López también informó que en Parral se documentaron casos donde autoridades municipales condicionaron la continuidad de los apoyos del programa Sembrando Vida al retorno de las familias en camiones puestos por el gobierno, lo que las organizaciones calificaron como retorno forzado promovido por el propio Estado.

Saulo Loya, coordinador de incidencia del Centro Tlachinollan, señaló que el problema central es la fragmentación total de la respuesta pública: los tres niveles de gobierno hacen acciones pequeñas y descoordinadas que no resuelven ni los problemas más inmediatos, y ninguno toma el liderazgo. Comparó la situación con la respuesta federal ante los desplazamientos en Chilapa, Guerrero, donde la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez se hizo presente en días, coordinándose con el gobierno estatal. En Chihuahua, dijo, esa voluntad federal no ha aparecido. Los funcionarios de nivel operativo con quienes dialogó la misión sí expresaron disposición para una mesa conjunta, pero ninguno está facultado para convocarla.

La propuesta central de la MCO es la creación de una mesa interinstitucional con participación de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con un actor que tome el liderazgo formal de la convocatoria. Sin esa coordinación, dijeron los voceros, cualquier medida será un paliativo que no ataca las causas estructurales que siguen expulsando a familias de sus comunidades.

Sobre el vínculo entre desplazamiento y recursos naturales, las organizaciones confirmaron un patrón presente en varias zonas: en municipios donde se registraron desplazamientos — Moris, Uruachi, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Tamazula y Badiraguato — hay proyectos mineros activos, en exploración o por iniciarse, algunos de empresas canadienses. El crimen organizado, explicaron, ha diversificado sus economías hacia la tala ilegal, el control del agua, la extorsión y el lavado de dinero a través de empresas legales, replicando modelos documentados en otros estados del país.

La misión anunció la publicación próxima de un informe ejecutivo con cifras y hallazgos detallados dirigido tanto a autoridades como a medios de comunicación.