Los exalcaldes de Ciudad Juárez, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, presentaron este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en contra del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades, relacionados con la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas para el municipio fronterizo.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua, ambos exediles señalaron que la denuncia se sustenta en documentación oficial del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y sostuvieron que el presunto daño patrimonial asciende a 105.6 millones de pesos, monto correspondiente a un contrato plurianual para el barrido mecánico de vialidades. Precisaron que será la Fiscalía Anticorrupción la autoridad encargada de investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades derivadas de la denuncia.

Gustavo Elizondo aseguró que, de acuerdo con la información que analizaron, el costo de adquisición de una barredora similar no supera los 50 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 850 mil pesos, por lo que consideró que con los 105.6 millones de pesos destinados al contrato “se pudieron haber comprado no menos de 13 barredoras“. El exalcalde sostuvo que, a su juicio, el monto pagado por el arrendamiento resulta desproporcionado respecto al valor comercial de este tipo de maquinaria.

Por su parte, Ramón Galindo explicó que el contrato denunciado tuvo una vigencia de 29 meses, comprendida del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024, para la prestación del servicio de barrido mecánico mediante ocho máquinas barredoras. Detalló que el convenio contempló pagos por 33.6 millones de pesos durante 2022, 36 millones de pesos en 2023 y otros 36 millones de pesos en 2024.

Los denunciantes afirmaron además que, según la documentación que revisaron, el Municipio de Ciudad Juárez no elaboró el estudio técnico que, desde su perspectiva, debía justificar la conveniencia económica del arrendamiento frente a otras alternativas. Asimismo, sostuvieron que los tiempos del procedimiento de licitación fueron reducidos y que únicamente una empresa participó en el proceso, situación que, dijeron, limitó la competencia.

Durante la conferencia también señalaron que la empresa PYPRA, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, tenía como objeto social la comercialización de productos eléctricos, computacionales y maquinaria, por lo que consideraron que existían elementos para solicitar una revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De igual forma, afirmaron que no encontraron evidencia de que la empresa contara con las ocho barredoras registradas en el padrón vehicular para prestar el servicio comprometido.

Tanto Ramón Galindo como Gustavo Elizondo sostuvieron además que el procedimiento de contratación fue dirigido hacia una sola empresa y que la documentación que entregaron a la Fiscalía Anticorrupción busca respaldar los señalamientos expuestos durante la rueda de prensa. Indicaron que corresponderá a la autoridad ministerial analizar las pruebas y determinar si existen