Chihuahua, Chih.: El caso conocido como “CIAgate” en Chihuahua ha dado un giro internacional. Guillermo Zuany Portillo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, huyó hacia Estados Unidos y permanece bajo resguardo del gobierno de ese país para evadir órdenes de aprehensión estatales y federales en México, según reveló una investigación de The New York Times.

El origen del escándalo La trama salió a la luz en abril de 2026 tras un accidente automovilístico en la sierra chihuahuense. Al regresar de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fallecieron junto al director de la Agencia Estatal de Investigación y su escolta. De acuerdo con el rotativo estadounidense, Zuany facilitó durante más de seis meses, desde octubre de 2025, que personal de la CIA entrenara a policías estatales y operara en terreno contra cárteles, presuntamente a cambio de recuperar su visa cancelada previamente por sospechas de nexos criminales.

Consecuencias judiciales y choque político Tras las renuncias de los mandos, el ex fiscal general César Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre y vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y traición a la patria, permaneciendo recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el mandato de captura contra Zuany, la crisis escaló políticamente: Zuany aseguró que la gobernadora Maru Campos conocía los operativos de la CIA, versión que la mandataria y la Fiscalía estatal rechazan tajantemente. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió esclarecer las responsabilidades ante la violación a la Ley de Seguridad Nacional, mientras el paradero exacto del exfiscal en territorio estadounidense sigue siendo una incógnita.

Comentario: El resguardo estadounidense a Guillermo Zuany expone una grave asimetría en la cooperación bilateral. Mientras en México se castiga la violación a la soberanía y la Ley de Seguridad Nacional con cargos de traición a la patria, Washington blinda a quienes operaron al margen de la ley mexicana. Este caso evidencia la fragilidad institucional frente a la injerencia extranjera y la urgente necesidad de transparencia gubernamental en Chihuahua.