Redacción
El suicidio de una estudiante universitaria el 26 de noviembre ha expuesto graves deficiencias en el sistema de protección a víctimas en Chihuahua. La joven de la UACH se quitó la vida tras ver frustrado su intento de obtener justicia por una presunta violación cometida por su propio padre.
Según fuentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), la víctima había denunciado el delito la semana anterior. Los exámenes periciales confirmaron la agresión sexual, pero el proceso se vio obstaculizado cuando la madre impidió que su hija continuara con la denuncia, bloqueando la posibilidad de una orden de aprehensión contra el agresor.
Este caso contrasta dramáticamente con el discurso oficial del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), que atribuye el aumento de suicidios principalmente a factores como la depresión estacional y el estrés académico. Las más de 300 llamadas de crisis recibidas en noviembre y los cinco intentos de suicidio registrados (cuatro de ellos consumados) evidencian una crisis más profunda.
Las medidas implementadas por el IMPAS, como las evaluaciones de salud mental en facultades universitarias, resultan insuficientes ante casos de violencia familiar. La tragedia revela una desconexión crítica entre instituciones: mientras la FEM documenta delitos graves, el sistema de salud mental parece operar de manera aislada, sin protocolos efectivos para casos donde confluyen violencia, trauma y riesgo suicida.
La reciente rueda de prensa del director del IMPAS, Luis Arrieta, expone una preocupante desconexión con la realidad que enfrentan las víctimas de violencia en Chihuahua. Mientras el funcionario atribuye los suicidios a «depresión estacional» y «estrés por exámenes», casos como el de la joven universitaria víctima de violación demuestran que la crisis es mucho más profunda.
Arrieta reporta 300 llamadas de crisis, pero ¿cuántas de estas personas enfrentan violencia familiar, abuso o acoso? Las evaluaciones de salud mental en facultades universitarias resultan superficiales cuando se ignoran factores como la violencia de género y el abandono institucional.
El IMPAS parece operar en una burbuja administrativa, desconectado de las realidades que documentan otras instituciones como la FEM. Su enfoque en «factores psicosociales» y «cultura» evade la responsabilidad institucional y normaliza la violencia sistémica que orilla a las víctimas a decisiones fatales.
La tragedia más reciente no fue causada por «depresión estacional» sino por el fracaso de un sistema que deja desprotegidas a las víctimas. Urge que el IMPAS reconozca esta realidad y desarrolle protocolos efectivos que vayan más allá de simples tamizajes y primeros auxilios psicológicos.
La muerte de esta joven estudiante no solo representa el fracaso de las instituciones para proteger a una víctima de violencia sexual, sino que también expone la urgente necesidad de reformar un sistema que permite que las víctimas queden desamparadas incluso después de dar el valiente paso de denunciar. La pregunta persiste: ¿cuántas vidas más costarán estas grietas institucionales antes de que se implementen cambios significativos?