La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que el desplazamiento forzado de familias en la región serrana de Guadalupe y Calvo tiene un origen que va más allá de las afectaciones provocadas por el crimen organizado, como el desabasto de productos, los cortes de energía eléctrica o la interrupción de los servicios de internet. La mandataria sostuvo que el problema responde también a factores políticos y de seguridad.

Durante sus declaraciones, Campos Galván aseguró que el municipio, gobernado por Morena, mantiene desde hace más de cuatro años presuntos acuerdos con grupos delictivos que operan en la zona. Además, acusó a la alcaldesa de impedir que el Gobierno del Estado pueda implementar plenamente acciones para fortalecer la seguridad, al señalar que ha recurrido a “manipulaciones y mentiras” para obstaculizar el trabajo de las autoridades estatales.

La titular del Ejecutivo estatal indicó que la situación en Guadalupe y Calvo ha sido planteada en diversas ocasiones ante el Gabinete de Seguridad Nacional, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de solicitar una mayor intervención del Gobierno Federal.

Asimismo, reconoció el respaldo que ha brindado la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 42 Zona Militar; sin embargo, advirtió que las condiciones de seguridad en la región continúan deteriorándose. En ese sentido, aseguró que actualmente Guadalupe y Calvo representa el principal foco de atención en materia de seguridad para el estado, incluso por encima de Ciudad Juárez.

Finalmente, Maru Campos sostuvo que el desplazamiento de familias no obedece únicamente a la violencia generada por los grupos criminales, sino también a la falta de una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno para atender la problemática y restablecer las condiciones de seguridad en la región serrana.