Este martes se llevó a cabo una reunión para darle seguimiento a las medidas cautelares que se emitieron por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en favor de la comunidad Jesuita de Cerocahui, Urique.

Por su parte, el padre Javier “El Pato” Ávila, acudió esta mañana al Palacio de Gobierno para reunirse con el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y con otros funcionarios de gobierno para analizar las medidas cautelares que otorgó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Comunidad Jesuita.

Cabe recordar que la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC) fue una de las organizaciones que promovió medidas cautelares para tres religiosas y nueve sacerdotes jesuitas que prestan servicio en Cerocahui, municipio de Urique.

Lo anterior luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquin Mora, el guía de turistas Pedro Palma y un habitante de esa comunidad Paul Berrelleza.

De la Peña Grajeda informó que desde ayer se recibió la visita de personal de la Ciudad de México y desde la Subsecretaría de Normatividad se inició con la revisión de las medidas cautelares, particularmente las que se emitieron para el Gobierno de Chihuahua.

La reunión estuvo encabezada por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda y asistieron representantes de diversas instancias de gobierno estatal y federal, integrantes de la sociedad civil y de la comunidad Jesuita en la región serrana.

El 22 de enero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, del municipio de Urique, Chihuahua, en México, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos

Según la solicitud, las personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.

En junio de 2022 dos sacerdotes fueron asesinados en el interior de la iglesia, ello había desatado además un contexto de estigmatización y deslegitimación a los propuestos beneficiarios tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado.

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