Chihuahua, Chih.– El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha recibido un trato distinto por parte del Gobierno Federal y de la Fiscalía General de la República (FGR) en comparación con mandatarios estatales emanados de Morena, particularmente la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El funcionario sostuvo que los casos relacionados con presuntas afectaciones a la soberanía y la seguridad nacional han sido atendidos de manera diferente dependiendo del origen político de los involucrados, lo que, a su juicio, evidencia un trato desigual por parte de las autoridades federales.

“¿Es el mismo trato que se le dio a la gobernadora Maru Campos con este hostigamiento que se hizo a partir de las estructuras de poder de la Fiscalía General de la República al trato que se le dio a la gobernadora de Baja California o al gobernador de Sinaloa? Yo creo que es un trato totalmente distinto”, declaró.

De la Peña recordó que, en el caso de Chihuahua, un agente del Ministerio Público acudió personalmente a notificar a la mandataria estatal para que compareciera ante la FGR y señaló que desde el Gobierno Federal se le atribuyeron públicamente presuntas conductas relacionadas con la seguridad nacional.

En contraste, indicó que, tras la difusión de audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en los que presuntamente ofrece intercambiar información en materia de seguridad, no se ha observado una actuación similar por parte de la Fiscalía General de la República.

El secretario General de Gobierno consideró que esta diferencia en el actuar de las autoridades refleja un trato privilegiado hacia los gobernadores de Morena y sostuvo que los temas relacionados con la seguridad nacional están siendo utilizados con fines políticos.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene su postura de exigir imparcialidad en la aplicación de la ley, al señalar que todas las investigaciones deben desarrollarse bajo los mismos criterios, sin distinción por filiación política.