La reciente acusación del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano. La preocupación no solo radica en el contenido de las imputaciones, sino en su tono unilateral y en la posibilidad de que el Banco del Bienestar sea el próximo blanco.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Intercam, CI Banco y Vector como instituciones que habrían facilitado operaciones financieras vinculadas al narcotráfico, particularmente al tráfico de fentanilo. Como consecuencia, se prohibieron sus transferencias internacionales y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó su intervención gerencial temporal.

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas concretas al gobierno estadounidense, señalando que hasta ahora solo se han recibido “dichos” sin evidencia concluyente. Las instituciones implicadas han negado categóricamente las acusaciones y aseguran que sus operaciones fueron con empresas legalmente constituidas.

Sin embargo, en Palacio Nacional la preocupación va más allá de las entidades señaladas. Se teme que el Banco del Bienestar, con antecedentes de observaciones por parte de la CNBV y sospechas de triangulaciones financieras con Venezuela, pueda ser el siguiente objetivo. En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador retiró al banco del sistema de remesas tras advertencias del regulador mexicano sobre posibles riesgos de lavado de dinero. Años antes, en 2021, la CNBV ya lo había multado por incumplimientos en medidas antilavado.

El trasfondo político es ineludible. El Banco del Bienestar ha estado estrechamente vinculado a la familia de López Obrador, particularmente a sus hijos mayores. Una eventual acusación contra esta institución sería interpretada como un golpe directo al núcleo familiar del expresidente, en un contexto donde la figura de Alfonso Romo —ligado a Vector— también ha sido mencionada.

La tensión se agrava con los recientes roces entre Beatriz Gutiérrez Müller y la presidenta Sheinbaum, quien ha evitado pronunciarse sobre ataques en redes contra el hijo de la escritora. La pregunta que flota en el ambiente político es si Sheinbaum mantendrá esa distancia si las acusaciones alcanzan a Andrés López Beltrán, actual secretario de Morena.

Esta ofensiva financiera ocurre en el marco de la aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl por parte de EE.UU., que amplía sus facultades para sancionar a entidades vinculadas al tráfico de opioides. La medida ha sido interpretada en México como una acción de presión geopolítica que podría escalar hacia instituciones más sensibles para el oficialismo.