El caso de Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, marca un nuevo giro en la crisis política y judicial que rodea al círculo cercano del gobernador con licencia. Su entrega voluntaria a autoridades estadounidenses en Europa, confirmada por fuentes oficiales y reportada por Ríodoce, lo coloca en el centro de un expediente que mezcla narcotráfico, financiamiento político y protección institucional.

El hombre del dinero
Díaz Vega fue considerado uno de los operadores más cercanos de Rocha Moya. Desde el arranque del gobierno estatal, manejó las finanzas públicas y, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, habría conspirado con líderes de Los Chapitos para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Los fiscales lo señalan por:

Conspiración para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina).

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Conspiración para colocar funcionarios corruptos que protegieran las operaciones del cártel.

Reuniones y patrimonio
La acusación sostiene que, antes de la elección de 2021, Díaz Vega se reunió con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, entregando listas con nombres y direcciones de opositores de Rocha Moya para intimidarlos y sacarlos de la contienda.

Ya en el gobierno, habría incrementado su patrimonio inmobiliario de manera llamativa: 42 propiedades con valor de 131 millones de pesos, de las cuales 125 millones fueron pagados al contado, según registros patrimoniales.

Entrega negociada
De acuerdo con Ríodoce, Díaz Vega se encontraba en Irlanda semanas antes de la acusación formal del 29 de abril. Tras conocerse el expediente, envió abogados a Estados Unidos para negociar un acuerdo. Su entrega se conoció el mismo día que la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, también trasladado a Nueva York.

Contexto político
La acusación contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses golpea directamente al oficialismo. El Departamento de Justicia sostiene que la red no se limitaba a mandos policiacos, sino que incluía operadores políticos y financieros. La Cancillería mexicana confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, aunque señaló que los documentos enviados por la embajada estadounidense no anexaban pruebas suficientes, por lo que el caso fue turnado a la FGR.

Comentario editorial
El “hombre del dinero” de Rocha Moya terminó entregándose en Europa, como si fuera un banquero suizo en busca de inmunidad diplomática. La ironía es que quien debía cuidar las finanzas públicas acumuló propiedades como si fueran estampitas, y ahora negocia su futuro con fiscales estadounidenses. En México, la austeridad republicana parece tener un curioso efecto secundario: algunos funcionarios se vuelven millonarios de contado.