Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Tras ser notificada de una denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Carla Antonieta Castorena, representante del colectivo Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, aseguró que se intenta frenar su labor como defensora de los derechos humanos mediante acciones legales.

Durante una rueda de prensa, la activista informó que recibió la notificación un día antes y sostuvo que el procedimiento legal se originó después de hacer públicas diversas denuncias relacionadas con personas que, según su postura, hacen un uso indebido del reconocimiento legal de la identidad de género.

Explicó que la denuncia fue promovida por Juan Antonio Villegas Vargas, quien, afirmó, se identificó como mujer trans para presentar una querella por presuntos actos de discriminación y violencia en su contra. La activista rechazó las acusaciones y aseguró que continuará señalando públicamente aquellos casos que considere relevantes para la protección de los derechos de las mujeres trans.

Durante su intervención manifestó que no dejará de ejercer su labor como defensora de derechos humanos, aun cuando ello pudiera derivar en consecuencias legales, al considerar que visibilizar este tipo de situaciones forma parte de su compromiso con la comunidad.

Asimismo, realizó diversos señalamientos contra Juan Antonio Villegas Vargas, a quien acusó de haber incurrido en conductas indebidas en el pasado y de presentar una denuncia basada en hechos que calificó como falsos. Las acusaciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa y no estuvieron acompañadas de resoluciones judiciales que las acrediten.

La activista también afirmó que existen otras personas trans que, dijo, habrían tenido experiencias similares con el mismo individuo, aunque no proporcionó mayores detalles durante el encuentro con los medios de comunicación.

Añadió que la denuncia en su contra surgió después de que difundiera información relacionada con la presunta utilización indebida del reconocimiento legal de la identidad de género, tema que motivó el posicionamiento presentado por el colectivo.

A juicio de la activista, este tipo de procedimientos puede generar un efecto inhibitorio para quienes realizan labores de defensa de los derechos humanos, al considerar que podrían utilizarse para desalentar denuncias públicas sobre asuntos de interés para la comunidad.

Reiteró que continuará con su activismo y con la denuncia de hechos que, desde su perspectiva, afectan a las mujeres trans, al sostener que no dejará de expresar sus posicionamientos pese al proceso iniciado en su contra.