Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno Federal por su actuación frente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sostuvo que la administración federal debe explicar por qué no se ha procedido judicialmente en su contra ante los señalamientos que existen alrededor de su gobierno.

Durante una entrevista con medios de comunicación en el Congreso del Estado, Chávez fue cuestionado directamente sobre la situación de Sinaloa y rechazó responsabilizar de manera directa a Rocha Moya por cada uno de los hechos violentos registrados en esa entidad.

Sin embargo, sostuvo que existe un problema de impunidad que, desde su perspectiva, debe ser explicado por el Gobierno Federal.

El panista hizo referencia a testimonios utilizados en procesos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que algunas de esas personas también habrían realizado señalamientos contra Rocha Moya.

A partir de ello, cuestionó por qué el mandatario sinaloense no ha sido presentado ante un juez federal en México para determinar si existe algún procedimiento que pudiera derivar en una solicitud de extradición.

Chávez también mencionó los mecanismos internacionales de cooperación judicial y puso como ejemplo el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cuya extradición desde Estados Unidos estuvo relacionada con los mecanismos de cooperación entre ambos países.

A partir de ese antecedente, cuestionó por qué, según su planteamiento, no se estaría aplicando un procedimiento similar en el caso de Rocha Moya.

El legislador sostuvo que el Gobierno Federal debe explicar hasta dónde llega su responsabilidad política frente a las acusaciones que se han realizado públicamente y cuestionó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al mandatario sinaloense.

Las declaraciones de Chávez forman parte de una confrontación política más amplia entre el PAN y Morena rumbo al escenario electoral de 2027, en el que Chihuahua ha comenzado a concentrar parte de la discusión sobre posibles alianzas y candidaturas.

El coordinador panista también fue cuestionado sobre la posibilidad de que exista una ruptura interna dentro de Morena durante su proceso para definir candidaturas.

Chávez rechazó que el PAN esté esperando necesariamente una fractura del partido guinda, aunque respondió en tono crítico al planteamiento de una senadora que había defendido la unidad interna de Morena.

El panista sostuvo que los procesos internos pueden generar consecuencias políticas para quienes participen en ellos y señaló que algunos actores tendrán que asumir las decisiones que tomen durante la definición de candidaturas.

El tema se suma a las declaraciones que distintos actores políticos han realizado en los últimos días respecto a la competencia electoral de 2027 y la posibilidad de construir alianzas entre partidos opositores.

En otro momento de la entrevista, Chávez fue cuestionado sobre un caso judicial relacionado con una persona señalada por haber privado de la vida a un adulto mayor y que recientemente habría recibido una medida cautelar mediante brazalete electrónico.

El coordinador panista evitó pronunciarse sobre la decisión judicial y aclaró que no conoce directamente el expediente ni el contenido completo de la investigación.

También se le preguntó por otros beneficios que presuntamente habría recibido la persona imputada, entre ellos la posibilidad de permanecer en un hospital privado en lugar de estar internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Ante estos cuestionamientos, Chávez señaló que no podía emitir una opinión sobre el fondo del caso porque no conoce directamente las actuaciones de la autoridad judicial ni interviene como Ministerio Público.

El legislador sostuvo que, si alguna de las partes involucradas considera que una determinación judicial fue incorrecta, existen mecanismos legales para impugnarla.

Entre ellos mencionó el amparo y las instancias correspondientes para revisar la actuación de los juzgadores.

Chávez también hizo referencia al Tribunal de Disciplina Judicial, señalando que dicha instancia existe precisamente para atender posibles inconformidades relacionadas con la actuación de jueces.

El panista afirmó que existe confianza en los jueces, pero aclaró que las partes involucradas en un proceso tienen derecho a inconformarse cuando consideren que una resolución afecta sus intereses.

Con ello, evitó asumir una postura sobre la legalidad o ilegalidad de la medida cautelar aplicada en el caso específico y dejó la valoración de la actuación judicial en manos de las instancias correspondientes.

La entrevista también tuvo un componente relacionado con la seguridad estatal, al ser cuestionado Chávez sobre los laboratorios clandestinos encontrados en Chihuahua y las versiones que los vinculan con posibles actividades políticas.

Sobre este punto, el legislador fue cuidadoso y aseguró que no sabe si esos lugares podrían haber funcionado como cajas chicas para campañas, por lo que rechazó presentar esa versión como una conclusión.

En contraste, destacó que los operativos para localizar esos sitios reflejan, desde su perspectiva, resultados de la coordinación entre las autoridades estatales y federales.

Chávez reiteró que, pese a la confrontación política entre partidos, las instituciones de seguridad deben mantener coordinación y evitar que las diferencias partidistas afecten el combate al crimen organizado.