Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó este martes, por unanimidad, reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar, con el objetivo de establecer un marco legal que proteja tanto a los docentes como a los estudiantes frente a situaciones de violencia escolar, acoso sexual y maltrato. La sesión, encabezada por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, marcó un hito en la construcción de un sistema educativo más seguro y con mayor certeza jurídica para la comunidad magisterial.

Durante la sesión, Avitia Arellanes destacó la urgencia de proteger a los docentes de acusaciones infundadas y linchamientos mediáticos, fenómenos que, según señaló, han afectado la salud mental y la estabilidad laboral de los maestros en Chihuahua y otros estados del país. “No puede ser que en el magisterio, el maestro sea culpable hasta que no se demuestre lo contrario”, afirmó el legislador, al subrayar que la reforma busca garantizar un proceso justo y transparente en la atención de casos de violencia en las escuelas.

El corazón de la reforma es la implementación de un Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece mecanismos claros para la prevención, detección y actuación ante situaciones de riesgo. Este protocolo, que será aplicado en todos los niveles de educación básica, incluye la capacitación obligatoria y presencial para los docentes, la cual se realizará por zona escolar y deberá ser avalada mediante un acta que acredite su cumplimiento. Además, se contempla la participación activa de las organizaciones sindicales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su aplicación, asegurando que las voces de los trabajadores de la educación sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Manuel Quiroz, representante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Alejandro Zendejas, de la Sección 8, coincidieron en que la percepción generalizada de violencia en el entorno escolar ha mermado la salud mental de los docentes, afectando su desempeño y la calidad educativa. Ambos líderes magisteriales celebraron la aprobación de la reforma, ya que, según explicaron, proporcionará herramientas concretas para actuar ante casos de violencia, evitando interpretaciones arbitrarias o la falta de información que, en el pasado, dejó en vulnerabilidad a maestras y maestros.

El protocolo también establece que, en casos de violencia escolar, acoso sexual o maltrato, se actuará con base en procedimientos claros y en coordinación con las autoridades competentes, garantizando así la protección de los derechos de todos los involucrados. Se hizo especial énfasis en la necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa —docentes, directivos, padres de familia y estudiantes— sobre sus responsabilidades y las acciones inmediatas a seguir ante situaciones de riesgo.

Por su parte, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, agradeció el trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, la Secretaría a su cargo y las organizaciones sindicales. Destacó que el protocolo no solo busca proteger a los docentes, sino también salvaguardar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación libre de violencia. “Estamos listos para trabajar de la mano con nuestros maestros en cada una de sus escuelas, construyendo un ambiente de paz, cordialidad y respeto”, aseguró Gutiérrez Dávila, quien reiteró el compromiso de su dependencia para implementar las acciones necesarias en los más de 700 planteles de educación básica del estado, donde se atiende a más de un millón de alumnos.

La reforma, que fue aprobada por unanimidad, también incluye la actualización de la normativa para otorgar mayor certeza jurídica en la intervención de las autoridades educativas, con el fin de prevenir y erradicar la violencia en perjuicio de los estudiantes. Se estableció que, en casos extremos, los alumnos víctimas de violencia podrán ser reubicados en otras instituciones educativas, siempre en coordinación con sus familias y las autoridades correspondientes.

Durante la sesión, los diputados reconocieron que este avance legislativo es el resultado de un trabajo colaborativo que ha tomado años de análisis y consulta con los actores educativos. “En Chihuahua tenemos la capacidad de priorizar lo más importante: a nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó una diputada integrante de la Comisión de Educación, quien llamó a la prensa a dar seguimiento a la implementación del protocolo, subrayando que su éxito dependerá de la participación activa de toda la sociedad.

La gobernadora María Eugenia Campo Galván también fue reconocida por su apoyo a esta iniciativa, la cual se alinea con los esfuerzos de su administración para fortalecer la calidad educativa y el bienestar de la comunidad escolar. “Este es un paso más para construir el mejor magisterio del país y el mejor ambiente educativo para nuestros niños y jóvenes”, concluyó el diputado Avitia, quien agradeció a los medios de comunicación por su cobertura y les pidió mantenerse atentos al desarrollo de este proceso, que buscará consolidar a Chihuahua como un referente en la protección de los derechos educativos y laborales.