Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La diputada de Morena, Jael Argüelles, cuestionó las modificaciones realizadas a una propuesta legislativa para tipificar la cohabitación forzada, al considerar que los cambios podrían reducir la protección de niñas y adolescentes, generar confusión en la aplicación de la ley y dejar fuera agravantes relacionados con la vulnerabilidad de las víctimas.

Durante una entrevista este martes 13 de octubre en Chihuahua capital, la legisladora explicó que el concepto de cohabitación forzada busca atender las uniones informales que involucran a niñas y adolescentes, incluso cuando no existe un matrimonio registrado ante las autoridades civiles.

Argüelles señaló que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, siguen registrándose nacimientos de madres menores de edad, incluidos casos de niñas de entre 10 y 14 años. Advirtió que la fecundidad forzada constituye una problemática relacionada con la violencia sexual y representa una amenaza para los derechos, la salud y el desarrollo de las menores.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo), Chihuahua se mantuvo durante 2025 entre las entidades con las tasas más elevadas de fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años. Los datos publicados en 2026 estimaron para el estado una razón de 2.02 nacimientos por cada mil niñas de ese grupo de edad.

La diputada explicó que su propuesta contemplaba incorporar un tipo penal con una pena de ocho a 15 años de prisión, con el propósito de establecer una protección específica frente a las uniones forzadas que afectan a menores de edad.

Sin embargo, manifestó su inconformidad con los cambios que, según indicó, se incorporaron desde la Comisión de Justicia. A su juicio, separar conceptos que pueden tener características similares y establecer sanciones diferenciadas podría provocar interpretaciones distintas entre quienes deben aplicar la legislación.

También advirtió que la redacción modificada podría dejar desprotegidas a personas que no tienen capacidad para comprender el acto o para resistirlo, incluidas potencialmente personas con discapacidad.

Otro de los puntos que señaló fue la eliminación de un agravante relacionado con niñas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades afromexicanas. Argüelles sostuvo que estos grupos deben recibir especial atención por las condiciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar y consideró que su protección debe permanecer explícita en la legislación.

La legisladora cuestionó además que el agravante relacionado con el ejercicio de autoridad pudiera quedar redactado de manera demasiado abierta, lo que, desde su perspectiva, dejaría margen para interpretaciones subjetivas y podría derivar en sanciones menores a las planteadas originalmente.

Al ser cuestionada sobre quién promovió los cambios, mencionó que las modificaciones se trabajaron desde la comisión técnica y aludió a propuestas de integrantes del órgano legislativo, aunque señaló que todavía podría haber oportunidad de rectificar durante la discusión.

Argüelles indicó que su bancada buscaría que los puntos cuestionados fueran revisados antes de la votación, con el objetivo de mantener una redacción que garantice protección a todas las niñas y niños, especialmente a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La discusión se desarrolla en un contexto en el que las autoridades federales han advertido que la fecundidad forzada en niñas de 10 a 14 años constituye una violación de derechos humanos y un problema de salud pública que requiere medidas de prevención, protección y atención institucional.