La diputada del Partido del Trabajo (PT), Irlanda Dominique Márquez Nolasco, presentó este lunes una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua con el objetivo de que hoteles, moteles y demás establecimientos de hospedaje implementen protocolos de prevención, detección y atención de casos de violencia contra las mujeres.

Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, la legisladora argumentó que estos espacios pueden convertirse en escenarios donde se cometan agresiones, por lo que consideró necesario dotar al personal de herramientas que permitan identificar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna para proteger a posibles víctimas.

La propuesta contempla la capacitación del personal que labora en establecimientos de hospedaje para reconocer indicios de violencia, así como la creación de procedimientos de actuación y mecanismos de coordinación con las autoridades competentes cuando se detecten situaciones que pongan en riesgo la integridad de mujeres y niñas.

Márquez Nolasco señaló que la iniciativa surge ante diversos casos registrados en Chihuahua y otras entidades del país, donde hoteles y moteles han sido identificados como lugares relacionados con hechos de violencia de género, desapariciones y feminicidios.

La legisladora sostuvo que la prevención requiere la participación de distintos sectores de la sociedad y consideró que la industria turística puede contribuir mediante la implementación de medidas que permitan actuar con mayor rapidez ante posibles situaciones de emergencia.

Asimismo, explicó que la propuesta busca incorporar una perspectiva de género dentro de las obligaciones establecidas para los prestadores de servicios turísticos, promoviendo espacios más seguros para las usuarias y fortaleciendo la coordinación institucional en la atención de casos de violencia.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, como parte del procedimiento legislativo correspondiente.

La diputada afirmó que el propósito no es trasladar responsabilidades de seguridad pública a los establecimientos, sino generar mecanismos de colaboración que ayuden a prevenir hechos de violencia y permitan una respuesta más eficaz cuando existan señales de riesgo.