Nota y fotos por Silver Juárez Arce

El diputado local Carlos Olson cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó parte de las disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con actos cometidos por terceros y su posible impacto en candidaturas.

Durante la conferencia del Grupo Parlamentario del PAN, Olson centró su participación en lo que consideró una contradicción entre el criterio adoptado por la Corte y algunas reglas de fiscalización electoral.

El legislador puso como ejemplo las sanciones relacionadas con el financiamiento proveniente de personas morales, al señalar que existen casos en los que una candidatura puede enfrentar consecuencias electorales por situaciones en las que intervienen terceros.

La SCJN, sin embargo, determinó que las sanciones previstas en la legislación de Chihuahua no podían atribuir responsabilidad a aspirantes, precandidatos o candidatos por conductas ilícitas cometidas por otras personas cuando no se acreditara su responsabilidad personal. El criterio se sustentó en principios como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad.

A partir de ese punto, Olson trasladó la discusión al riesgo que, desde su perspectiva, representa la intervención del crimen organizado en la política y en los procesos electorales.

El diputado mencionó distintos casos y entidades del país para argumentar que la influencia de grupos criminales en la política no sería un fenómeno aislado. Entre sus referencias estuvieron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Baja California, además de investigaciones y señalamientos públicos relacionados con funcionarios y actores políticos de esas entidades.

Olson también hizo referencia a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a señalamientos difundidos en Estados Unidos; mencionó además el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y asuntos relacionados con su exesposo y acciones tomadas por autoridades estadounidenses.

Estos señalamientos fueron utilizados por Olson como argumentos políticos para defender la necesidad de mantener mecanismos de prevención frente a una posible intervención de grupos criminales en las elecciones. No obstante, las acusaciones mencionadas durante la conferencia deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados.

El legislador también habló de operativos contra autoridades municipales presuntamente vinculadas con organizaciones criminales y señaló que, a su consideración, estos antecedentes muestran la necesidad de fortalecer los controles electorales.

Olson sostuvo que el Congreso de Chihuahua debe acompañar la postura de la gobernadora María Eugenia Campos en materia de seguridad y continuar impulsando modificaciones legales que permitan impedir que grupos delictivos tengan influencia en las candidaturas.

Su intervención concluyó con una defensa de la nueva iniciativa anunciada por la bancada panista y con un llamado a mantener la discusión legislativa sobre los mecanismos de protección de los procesos electorales.