Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El análisis de criminalística y balística realizado por la Fiscalía General del Estado confirmó que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) atacado en la región de Coyame-Ojinaga recibió 24 impactos de arma de fuego, informó el encargado del despacho de la Fiscalía, Francisco Sáenz Soto.

El funcionario explicó que los estudios periciales relacionados con la aeronave ya concluyeron en cuanto al levantamiento y procesamiento de los indicios, por lo que ahora la Fiscalía trabaja en una segunda etapa para realizar cotejos balísticos que permitan determinar si las armas relacionadas con el caso pudieran estar vinculadas con otros hechos delictivos.

Sáenz Soto también descartó, con base en los resultados obtenidos hasta ahora, que los impactos correspondan a un arma calibre .50, como se llegó a manejar inicialmente en algunas versiones sobre la agresión.

Explicó que se trata de impactos producidos por armas largas, pero con características distintas a las de un calibre de alto poder como el .50. Los primeros análisis también habían mantenido abierta la determinación del calibre mientras se realizaban los peritajes.

El ataque ocurrió mientras la aeronave realizaba labores de vigilancia en la región de Coyame-Ojinaga, donde uno de los elementos que viajaban a bordo resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

Respecto a los posibles responsables, el encargado del despacho señaló que la Fiscalía cuenta con información que apunta hacia la actividad de Los Cabrera en la zona y que este grupo podría estar relacionado con la agresión contra la aeronave.

Sin embargo, Sáenz Soto fue cuidadoso al señalar que se trata de una línea de investigación y que las autoridades continúan trabajando para establecer si existe una participación directa.

El funcionario explicó que Los Cabrera corresponden a una fracción de Los Mayos, vinculada con operaciones provenientes de Durango, cuya presencia en Chihuahua se ha relacionado con disputas territoriales en distintas regiones.

De acuerdo con la información expuesta por el fiscal, la actividad de estos grupos se ha observado en zonas como Coyame y Ojinaga, además del corredor hacia Aldama-Ojinaga, dentro de un escenario de disputa territorial con grupos identificados por las autoridades como La Línea.

La Fiscalía ya había señalado previamente que el ataque ocurrió en una región con presencia histórica de La Línea y que una de las líneas de investigación estaba relacionada con la disputa territorial con grupos vinculados a Los Cabrera.

Sáenz Soto también fue cuestionado sobre una posible incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chihuahua. Su respuesta fue que, hasta este momento, la Fiscalía no cuenta con información que permita presumir una participación activa de ese grupo en los hechos investigados.

En paralelo, las corporaciones de seguridad mantienen un operativo en la región para continuar con las investigaciones y obtener mayores elementos que permitan establecer quiénes participaron en la agresión.

Sobre la posibilidad de clasificar jurídicamente el ataque como terrorismo, el encargado del despacho de la Fiscalía aclaró que todavía no existe una determinación jurídica definitiva en ese sentido.

Sáenz Soto consideró que la magnitud de la agresión y el impacto generado pueden tener características que ameritan un análisis de esa naturaleza, pero puntualizó que primero deben realizarse las diligencias necesarias para determinar si los hechos encuadran en algún tipo penal específico.

También señaló que, dependiendo de la clasificación jurídica que corresponda, podría tratarse de un asunto cuya competencia sea federal.

De esta manera, la investigación continúa concentrada tanto en la identificación de los responsables como en el análisis de las armas utilizadas, los posibles vínculos con otros hechos delictivos y el contexto de disputa territorial que prevalece en la región.