Nota y fotos por Silver Juárez Arce

Una denuncia presentada contra una jueza del Poder Judicial del Estado de Chihuahua por presuntas omisiones dentro de un proceso legal, en el que se señalan posibles actos de parcialidad, retrasos procesales y afectaciones relacionadas con la protección de un menor de edad, abrió nuevamente el debate sobre la actuación de los órganos encargados de vigilar la impartición de justicia.

Durante la rueda de prensa realizada este miércoles en el Congreso del Estado, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, informó que recientemente fue presentada una denuncia ante una jueza del tribunal local, en la que se señalan siete presuntas omisiones dentro de un procedimiento judicial.

El legislador evitó emitir un posicionamiento sobre el caso específico o determinar responsabilidades, al considerar que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial analizar los hechos y resolver conforme a sus facultades; sin embargo, destacó la importancia de que este órgano actúe con celeridad y desde la perspectiva de las personas que acuden ante un juez para resolver una controversia.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, las irregularidades señaladas incluyen presunta parcialidad en la toma de decisiones, retrasos procesales injustificados, determinaciones relacionadas con embargos por supuesto incumplimiento sin sustento legal, restricciones a convivencias, cambio de residencia de un menor sin una evaluación adecuada, autorización de pasaporte sin garantías suficientes de protección y la presunta omisión en la valoración de pruebas fundamentales.

“Es un caso muy complejo porque se pone en riesgo la integridad del menor”, expresó Cuauhtémoc Estrada, quien señaló que, en caso de comprobarse las acusaciones, la gravedad sería mayor al involucrar a una autoridad judicial.

El diputado recordó que, tras la reforma constitucional federal de 2024 y su armonización en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se modificó la estructura del Poder Judicial con la creación de nuevos órganos para sustituir funciones que anteriormente concentraban los Consejos de la Judicatura.

Explicó que actualmente el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la responsabilidad de investigar y sancionar posibles faltas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial, mientras que el Órgano de Administración Judicial quedó encargado de las funciones administrativas y de organización del sistema.

Estrada señaló que dicho tribunal enfrenta un reto importante ante las quejas ciudadanas relacionadas con la actuación de jueces y magistrados. Indicó que, de acuerdo con información presentada ante el Congreso de Chihuahua, el órgano recibe entre 70 y 80 quejas mensuales por presuntas irregularidades.

“El funcionamiento del Poder Judicial no podemos verlo solamente desde la perspectiva del juzgador, sino desde la perspectiva del justiciable, de quien acude ante un juez porque tiene una controversia, porque exige un derecho o porque busca el cumplimiento de una obligación”, manifestó.

El coordinador de Morena afirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial cuenta con las atribuciones legales para intervenir en este tipo de casos, aunque consideró necesario conocer mayores resultados sobre los procedimientos que ha atendido, las resoluciones emitidas y las responsabilidades determinadas.

Ante la pregunta de representantes de medios de comunicación sobre si la jueza señalada debería ser separada temporalmente de su cargo mientras se realiza la investigación, Estrada rechazó pronunciarse en ese sentido y sostuvo que esa decisión corresponde exclusivamente al órgano disciplinario.

“No soy partidario de que quienes no tenemos competencia ni facultad resolvamos este tipo de controversias. Para eso fue creado un tribunal de disciplina, que tiene las facultades y la normativa para actuar”, afirmó.

El legislador agregó que, aunque el Congreso del Estado cuenta con facultades para modificar leyes y participar en procesos legislativos, no puede sustituir las atribuciones que corresponden al Poder Judicial para revisar la actuación de sus integrantes.

Durante la misma conferencia, Cuauhtémoc Estrada también rechazó las versiones que en años anteriores señalaban que el juicio de amparo había perdido vigencia en México. Como ejemplo mencionó un caso reciente relacionado con un crematorio en Chihuahua, donde un juzgado federal concedió un amparo a un particular.

“Hace seis o siete meses alguien decía que el amparo había muerto y que todas las instituciones estaban cooptadas, pero hoy vemos que los amparos se siguen concediendo. El sistema no está muerto”, señaló.

El diputado insistió en que la confianza en las instituciones judiciales depende de que existan mecanismos efectivos de vigilancia, investigación y sanción cuando existan posibles irregularidades dentro de los procesos legales.