Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

–El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua cuestionó con cifras la narrativa de la mandataria sobre un supuesto ajuste presupuestal y despidos masivos, y recordó que el estado fue la única entidad del país que cerró 2025 con déficit fiscal

Chihuahua, Chih. – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, desmintió este miércoles las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre un supuesto recorte del 30 por ciento al presupuesto estatal que, según la mandataria, obligaría a despidos en el aparato gubernamental. Con datos duros, el legislador morenista calificó la narrativa oficial como “falsa” y “matemáticamente insostenible”.

Estrada Sotelo partió de una operación aritmética elemental. El presupuesto total del estado de Chihuahua para el ejercicio 2025 asciende a 120 mil millones de pesos. Un ajuste del 30 por ciento equivaldría a 36 mil millones de pesos. Sin embargo, el secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, ha reconocido que el déficit por menores participaciones federales es de apenas 1,100 millones de pesos en la anualidad. Esa cifra representa menos del 1 por ciento del presupuesto total.

“Suponiendo sin conceder que traigas un déficit del 1%, ¿por qué vas a ajustar al 30%? Algo no cuadra. Es una aritmética tipo Peña Nieto que para nada da”, ironizó el coordinador morenista, en referencia al expresidente Enrique Peña Nieto.

El diputado aprovechó para recordar que, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chihuahua fue la única entidad federativa del país que cerró el ejercicio fiscal 2025 con un déficit superior a los mil millones de pesos. “El gobierno panista gastó más de lo que ingresó, dejando un boquete financiero”, subrayó Estrada Sotelo, citando el reporte del Inegi.

Mientras que estados con menores ingresos como Colima, Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala y Nayarit lograron mantener sus finanzas equilibradas, Chihuahua no pudo alinear su gasto público, lo que coloca a la administración estatal “bajo la lupa de las calificadoras y organismos de fiscalización”, según el informe del Inegi.

Estrada Sotelo exhibió lo que calificó como un “patrón preocupante” de sobregasto en el rubro de servicios generales durante los últimos años. De acuerdo con los datos presentados por el legislador:

• En 2022, el presupuesto aprobado para servicios generales fue de 2,346 millones de pesos, pero el gasto real alcanzó los 4,346 millones, un sobre-ejercicio de 2,000 millones de pesos.
• En 2023, el presupuesto era de 5,400 millones de pesos, pero el gasto real ascendió a 6,167 millones.
• En 2024, al tercer trimestre, ya se habían gastado más de 7,000 millones de pesos de un presupuesto original de 5,900 millones. Solo en el primer trimestre de ese año, el gasto alcanzó los 7,400 millones.

El coordinador morenista destacó que el gasto en servicios generales creció más del 215 por ciento en los últimos dos años, mientras que a obras de infraestructura se destinaron apenas 1,500 millones de pesos.

“¿Cómo es posible que se destinen sumas tan bajas para obras de infraestructura esenciales, mientras el gasto en servicios generales continúa en aumento? Esta distribución no refleja una verdadera prioridad para el desarrollo y bienestar de los chihuahuenses”, cuestionó.

El diputado también señaló que, sin contar maestros ni personal de salud, el número de empleados del gobierno estatal pasó de 9,900 al término de la administración de Javier Corral a 12,900 en la actualidad, un incremento de 3,000 plazas.

Además, recordó los ingresos propios del estado, como el replaqueo y la revalidación vehicular, que han generado recursos adicionales significativos. “¿Por qué no pensó en reducirle los millones a Cordero, a Diódoro o a Seguritech? Ahí no. Hay un sinnúmero de rubros donde puedes apretar sin tener que afectar a los demás”, afirmó, en alusión a los gastos en comunicación social y seguridad privada.

Estrada Sotelo concluyó que la gobernadora Campos Galván construye una narrativa de victimización para culpar al gobierno federal de las deficiencias en la prestación de servicios públicos y diluir su propio costo político. “Pretende justificar una ineficiencia en la administración estatal, porque la existe. Esta administración lo que menos puede decir y alegar es que no ha tenido recursos. Ha tenido recursos más allá de lo que se ha planteado”, sentenció.