Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, manifestó su rechazo a la propuesta planteada por legisladores del PAN para someter a consulta ciudadana el tema del matrimonio igualitario, al sostener que los derechos humanos no pueden ponerse a votación.

Durante la rueda de prensa semanal de la bancada morenista, el legislador argumentó que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la legislación local establecen límites claros sobre los asuntos que pueden ser sometidos a mecanismos de participación ciudadana, particularmente cuando se trata de derechos fundamentales.

Estrada afirmó que permitir una consulta sobre el matrimonio igualitario equivaldría a poner a consideración de la mayoría derechos que ya se encuentran reconocidos por la ley, por lo que consideró inviable jurídicamente la propuesta.

En ese contexto, señaló que el artículo 35 constitucional y la Ley de Participación Ciudadana del Estado establecen restricciones para consultar asuntos relacionados con derechos humanos, por lo que insistió en que el Congreso debe actuar conforme al marco legal vigente.

El diputado también aprovechó para cuestionar la postura histórica del PAN respecto a diversos mecanismos de participación ciudadana. Recordó que en distintos momentos se han presentado resistencias a consultas relacionadas con temas de interés público, entre ellos proyectos de infraestructura y decisiones de gobierno.

Como ejemplo, mencionó el caso del Presupuesto Participativo, donde aseguró que existe una obligación legal pendiente para garantizar ejercicios ciudadanos a nivel estatal. Asimismo, recordó los debates que se registraron en torno al proyecto del relleno sanitario promovido en Chihuahua capital y los intentos por impulsar consultas ciudadanas sobre la obra.

Otro de los temas abordados fue el proyecto de Torre Centinela, sobre el cual Morena ha mantenido una postura crítica. Estrada reiteró cuestionamientos relacionados con los costos del proyecto y recordó que anteriormente se promovieron mecanismos de consulta que no prosperaron.

Además, hizo referencia a las modificaciones realizadas a la legislación sobre revocación de mandato, las cuales, desde la perspectiva de Morena, dificultan la aplicación efectiva de este instrumento de participación ciudadana.

En materia legislativa, el coordinador morenista se refirió a la iniciativa de reforma electoral presentada por Acción Nacional. Aunque reconoció que aún no conocían formalmente el documento completo, adelantó que Morena realizará un análisis detallado para determinar los puntos en los que existe coincidencia y aquellos en los que podría haber diferencias.

Entre los aspectos que mencionó se encuentran las resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento relacionadas con la elección directa de regidores, tema que, afirmó, debe ser atendido por el Congreso del Estado conforme a los criterios emitidos por las autoridades electorales.

También destacó la necesidad de seguir fortaleciendo los espacios de participación política para grupos históricamente vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad y a integrantes de la comunidad LGBT+, mediante acciones afirmativas que garanticen representación efectiva en los cargos de elección popular.

Respecto a la propuesta de establecer mecanismos de alternancia de género en las gubernaturas, Estrada señaló que se trata de un tema que merece discusión, aunque consideró indispensable definir reglas claras sobre su aplicación para evitar interpretaciones dirigidas a beneficiar o perjudicar a determinados actores políticos.

En cuanto a la posibilidad de fortalecer las causales de nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado, indicó que Morena respalda medidas orientadas a proteger la integridad de los procesos electorales, aunque recordó que buena parte de esos supuestos ya se encuentran contemplados en la legislación federal.

Defendió los mecanismos de revisión y verificación de antecedentes de aspirantes a candidaturas, al considerar que pueden contribuir a prevenir riesgos relacionados con la infiltración de intereses ilícitos en los procesos democráticos.