Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Afuera de las instalaciones del Poder Judicial Federal, los voceros del Frente en Defensa de la Soberanía Nacional ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre el estado del amparo indirecto promovido contra la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván por el delito de traición a la patria.

Los integrantes del Frente, Rigoberto Martínez Escárcega, Natividad Castellanos Velázquez y Juan Chávez de la Rocha, explicaron que la audiencia constitucional programada para este viernes en el Juzgado Segundo de Distrito fue suspendida debido a que la FGR no rindió el informe justificado requerido. La suspensión no implica un revés en el procedimiento, sino que el juzgado deberá fijar una nueva fecha para celebrar la audiencia, mientras la demanda sigue su curso.

Martínez Escárcega, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y uno de los rostros visibles del movimiento, enfatizó que la acción legal no es una demanda directa contra la gobernadora, sino un exhorto al Ministerio Público Federal para que cumpla con la obligación que la ley le impone. “No estamos demandando a la gobernadora; le estamos diciendo al Ministerio Público Federal que cumpla con la constitución. La constitución dice que la traición a la patria es un delito que se persigue de oficio. Ellos tendrían que hacerlo”, sostuvo.

El Frente se formó el pasado 4 de mayo, a raíz de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde perdieron la vida cuatro personas y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un accidente vehicular, lo que destapó la presencia no autorizada de agentes extranjeros en territorio nacional. El movimiento acusa a la mandataria estatal de dos delitos graves: haber permitido la intervención de agentes internacionales en el país sin el consentimiento de las autoridades federales, violentando la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y de proporcionar información que pone en peligro la seguridad nacional. Los voceros adelantaron que ampliarán la demanda por otros delitos, entre ellos, presuntos pactos con el crimen organizado, corrupción y enriquecimiento ilícito, para lo cual también interpondrán recursos en el Poder Judicial del Estado.

El movimiento, que se define como un frente ciudadano plural e independiente de cualquier partido político, informó que ha recabado alrededor de 10 mil firmas en diversos municipios de la entidad, incluyendo Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias, Camargo, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Ojinaga. Los voceros subrayaron que no obedecen a prioridades partidistas y que su única consigna es la defensa de la nación. “Nosotros no obedecemos a la lógica de Morena. Somos ciudadanos que defendemos a la patria, que la queremos, que cantamos el himno nacional y que eso enseñamos a nuestros alumnos todos los días en las aulas”, sostuvo Martínez Escárcega, al tiempo que aclaró que no está afiliado a Morena, en respuesta a las especulaciones sobre un posible trasfondo electoral.

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, quien ha manifestado su respaldo al movimiento y ha presentado denuncias ante la FGR contra la gobernadora por los mismos hechos, es uno de los firmantes del manifiesto del Frente, junto con las senadoras Andrea Chávez Treviño y Javier Corral Jurado. Sin embargo, los voceros insistieron en que la acción legal es de carácter ciudadano y que el Frente no responde a intereses partidistas.

Los voceros del Frente fueron contundentes al anunciar la ruta legal que seguirán, independientemente del resultado de la audiencia constitucional. “Si la sentencia es negativa, vamos a acudir al recurso de revisión ante un tribunal colegiado y, si es necesario, presentaremos un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo vamos a hacer; que no quepa ninguna duda”, afirmó Martínez Escárcega. Los integrantes del Frente insistieron en que agotarán todas las instancias legales y que su objetivo es que se inicie un procedimiento de desafuero contra la gobernadora para que pueda ser juzgada y, en su caso, privada de la libertad, ya que la traición a la patria está tipificada como un delito grave en el Código Penal Federal.

El origen del Frente se remonta al operativo en el que agentes de la CIA participaron para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, sin la autorización del Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 27 de mayo pasado que el Gobierno de México solicitó y obtuvo la salida del país de dos de esos agentes. Este hecho desató una crisis diplomática y derivó en una investigación de la FGR contra funcionarios estatales por posibles delitos contra la seguridad nacional. El Frente sostiene que la gobernadora no pudo haber desconocido la presencia de estos agentes y que su gobierno les brindó cobertura, lo que constituye una violación a la soberanía nacional.

Los voceros del Frente en Defensa de la Soberanía Nacional reiteraron su confianza en las instituciones judiciales y su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo del procedimiento. Aseguraron que, en caso de que la FGR ya tenga abierta una carpeta de investigación, solicitarán su incorporación como terceros interesados para dar seguimiento al caso y transparentar cada etapa del proceso. “Vamos a defender la patria y vamos a agotar hasta la última instancia”, sentenció Martínez Escárcega.