Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que el proyecto vial Poniente 5, también conocido como Boulevard Luis H. Álvarez, continúa en proceso de gestión, aunque aún no existe una fecha definida para el inicio de su construcción, debido a que se encuentra sujeto a la obtención de permisos federales y al esquema de financiamiento.

El edil explicó que actualmente se tramitan autorizaciones ambientales ante distintas dependencias federales, lo que representa una etapa clave para el arranque del proyecto. Detalló que la obra contempla inicialmente dos carriles por sentido, con posibilidad de ampliarse hasta seis por lado en su etapa total, y que en su primera fase requerirá una inversión aproximada de 360 millones de pesos.

Bonilla destacó que esta vialidad será construida con concreto hidráulico, a diferencia de otras arterias como el Periférico de la Juventud, y aseguró que tendrá un impacto significativo en la movilidad urbana, al funcionar como un desfogue vial en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

El alcalde subrayó que una vez iniciada, esta obra representará un cambio importante en la infraestructura de Chihuahua, al mejorar la conectividad y reducir la saturación en vías principales.

En otro tema, Bonilla se refirió al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha derivado en una solicitud de detención con fines de extradición. De acuerdo con información reciente, estas acusaciones forman parte de una investigación presentada por fiscales estadounidenses, en la que se señala a funcionarios por supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa, situación que ha sido rechazada por el propio mandatario estatal.

El caso ha generado una tensión diplomática entre México y Estados Unidos, ya que el Gobierno federal ha cuestionado la falta de pruebas en la solicitud estadounidense y ha defendido el principio de soberanía nacional, señalando que cualquier proceso debe apegarse al marco legal mexicano.

Ante este escenario, Bonilla consideró que el tema debe ser aclarado por las autoridades correspondientes, señalando que no se trata de un asunto nuevo en la opinión pública, sino de una situación que —según dijo— ya era comentada en distintos ámbitos sociales en Sinaloa.

Asimismo, el alcalde respondió a los señalamientos del senador Javier Corral, quien calificó como inapropiadas las declaraciones de actores políticos sobre el caso, al sostener que el exgobernador de Chihuahua debe primero responder a cuestionamientos pendientes en la entidad relacionados con su gestión.

El posicionamiento de Bonilla se da en medio de un contexto nacional marcado por el caso Rocha, el cual ha escalado a nivel internacional y ha reavivado el debate sobre la relación entre política y crimen organizado en México, además de poner presión sobre las instituciones encargadas de la procuración de justicia.