Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

A casi tres semanas del enfrentamiento registrado en el ejido La Haciendita, donde el abogado Eduardo “Lalo” Almeida Navarro fue detenido tras realizar disparos con un arma de fuego, su equipo jurídico rompió el silencio y presentó una versión completamente distinta a la difundida inicialmente, al denunciar un presunto fraude en la compra de tierras ejidales, señalar a un supuesto operador de esas negociaciones y sostener que el litigante actuó en legítima defensa para evitar ser agredido por un grupo de personas.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Fernando Alarcón Martínez, quien se presentó como representante legal de Almeida, afirmó que su cliente acudió a la reunión del 27 de junio únicamente como apoderado legal de cuatro ejidatarios, quienes previamente le otorgaron poderes notariales para defender sus derechos sobre diversas parcelas del núcleo agrario.

El abogado aseguró que el origen del conflicto no fue una confrontación espontánea, sino un desacuerdo por la presunta venta irregular de tierras ejidales, operaciones que —afirmó— no habrían respetado los procedimientos establecidos en la Ley Agraria.

Uno de los señalamientos más delicados realizados durante la conferencia fue que la asamblea donde ocurrieron los hechos habría sido convocada de manera ilegal, ya que, según explicó, la invitación fue enviada únicamente mediante WhatsApp, mecanismo que, aseguró, no cumple con las formalidades previstas por la legislación agraria, la cual exige plazos específicos y publicaciones visibles para todos los integrantes del ejido.

Como respaldo de esa postura, el equipo jurídico mostró copias certificadas de los poderes notariales otorgados por cuatro ejidatarios a favor de Eduardo Almeida y afirmó que dichos documentos fueron expedidos antes de los hechos para representarlos legalmente en diversos procedimientos relacionados con el conflicto agrario.

La defensa también reveló que desde el 15 de mayo promovió una demanda de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, mediante la cual busca dejar sin efectos diversas actuaciones relacionadas con las presuntas compraventas de derechos parcelarios.

Uno de los momentos más relevantes de la conferencia ocurrió cuando Fernando Alarcón señaló por nombre a Jesús Rubio, a quien identificó como la persona que, según la defensa, coordina la compra de derechos agrarios e influye sobre integrantes del comisariado ejidal para concretar esas operaciones.

El abogado afirmó que los propietarios de las parcelas presuntamente reciben pagos parciales y son llevados a firmar documentos sin que se les entreguen copias de los contratos ni se les expliquen completamente las condiciones de las negociaciones.

Añadió que tampoco se habría respetado el llamado derecho del tanto, mecanismo previsto en la Ley Agraria que otorga prioridad a otros ejidatarios para adquirir las parcelas antes de que puedan ser transferidas a terceros.

No obstante, reconoció que la defensa desconoce quién sería el comprador final de los terrenos o cuál sería el proyecto que se pretende desarrollar en esa zona, ya que, dijo, esa información nunca fue transparentada a los representados.

Otro de los puntos que llamó la atención fue la afirmación de que el conflicto venía escalando desde semanas antes.

Fernando Alarcón aseguró que durante una reunión celebrada el 1 de mayo ya se había detectado la presencia de seis hombres armados con equipo táctico, quienes, según dijo, brindaban seguridad a las personas interesadas en la compra de tierras.

Ese antecedente, sostuvo, fue la razón por la cual Eduardo Almeida acudió armado a la reunión del 27 de junio.

La defensa aseguró que el abogado cuenta con una licencia de portación de arma de fuego expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde hace más de seis años y que ésta se encontraba vigente al momento de los hechos.

Respecto al enfrentamiento que terminó con la detención de Almeida, el representante legal rechazó que su cliente haya iniciado la agresión.

Por el contrario, afirmó que tanto el abogado como las personas que lo acompañaban fueron golpeados y superados en número, por lo que el arma únicamente fue utilizada para detener la agresión y permitir que todos pudieran abandonar el lugar.

Incluso anunció que en los próximos días harán públicos videos que, según la defensa, muestran el desarrollo completo del enfrentamiento y no únicamente los fragmentos que circularon en redes sociales y diversos medios de comunicación.

La defensa también respondió a las versiones que señalaban que Eduardo Almeida había recuperado su libertad gracias a supuestas influencias políticas.

Fernando Alarcón explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó una libertad bajo reservas, figura jurídica que permite continuar la investigación sin mantener a la persona privada de la libertad, al considerar que no existía riesgo de fuga y que el proceso podía desarrollarse con Almeida en libertad.

Añadió que la carpeta de investigación continúa abierta y que el abogado seguirá atendiendo todos los requerimientos formulados por la autoridad federal.

Como parte de la estrategia jurídica, el equipo legal anunció que habilitará una plataforma pública donde pondrá a disposición de la ciudadanía los poderes notariales, la demanda agraria, documentos de la carpeta de investigación y los videos completos relacionados con los hechos ocurridos en La Haciendita.

Las declaraciones presentadas durante la rueda de prensa corresponden a la postura de la defensa de Eduardo “Lalo” Almeida Navarro. Hasta el momento, las autoridades federales mantienen abierta la investigación derivada de los hechos ocurridos el 27 de junio, mientras que los señalamientos realizados contra particulares no han sido resueltos por una autoridad judicial.