Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, quien estuvo al frente de la operación de la Feria de Santa Rita, hizo pública una denuncia en la que aseguró ser víctima de amenazas, persecución, intimidación y violencia de género, luego del conflicto que derivó en el cambio de la administración del tradicional evento chihuahuense.

A través de un video difundido en redes sociales, Domínguez responsabilizó públicamente por su seguridad, la de sus hijos y demás integrantes de su familia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a su hermano Manuel Campos Galván, así como al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; Alberto de la Peña Grajeda y el secretario particular del Ejecutivo estatal, Fernando Álvarez Monje.

La exdirectiva relató que uno de los episodios que considera parte de la persecución ocurrió durante la madrugada del 30 de junio, cuando, según su versión, más de 20 personas armadas ingresaron a su domicilio mientras se encontraba acompañada de sus hijos y su madre.

Afirmó que durante ese hecho fueron incomunicados y que le retiraron teléfonos celulares, una computadora, documentos y dinero. Estos señalamientos corresponden a la versión expuesta públicamente por Domínguez y no han sido acreditados de manera independiente.

La mujer sostuvo además que desde entonces habría enfrentado diversos actos de intimidación y que existiría una intención de detenerla para responsabilizarla de presuntas irregularidades relacionadas con la administración de la Feria de Santa Rita.

Domínguez vinculó sus acusaciones con su negativa, según explicó, a participar en lo que calificó como deudas millonarias, fraudes y posibles desvíos de recursos, además de referirse a situaciones que identificó como acoso sexual y violencia de género.

La denuncia ocurre después de una ruptura entre la estructura que anteriormente administraba la Feria de Santa Rita y el Patronato. El 30 de junio de 2026 entró en vigor la revocación de la autorización que permitía a la Fundación Expo Parque Ávalos S.C. y a Servicios Funcionales Geicoo S.A. de C.V. operar y administrar el evento.

Posteriormente, el Patronato emitió un deslinde en el que desconoció a 15 personas vinculadas con la administración anterior, entre ellas Andrea Domínguez, y advirtió que no reconocería contrataciones, cobros o gestiones realizadas por ese grupo.

El conflicto también generó señalamientos sobre posibles adeudos con proveedores y trabajadores relacionados con la edición 2026. Incluso se hicieron públicas denuncias de exempleados respecto a pagos pendientes y condiciones laborales, aunque estos casos corresponden a testimonios y acusaciones que deben ser acreditados por las vías correspondientes.

En agosto, la Secretaría de la Función Pública confirmó que se realizaba una revisión de la documentación administrativa y financiera relacionada con la Feria de Santa Rita para determinar si existían irregularidades. La dependencia advirtió entonces que sería irresponsable señalar responsables antes de concluir el proceso de entrega-recepción.

En ese momento, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, señaló que esa instancia no tenía una investigación sobre el asunto, mientras que el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, afirmó desconocer las presuntas irregularidades y señaló que el contrato de operación de la feria no pasaba por su oficina.

Ahora, con su denuncia pública, Domínguez asegura que teme por su vida, libertad y seguridad familiar, por lo que decidió hacer públicos sus señalamientos y pidió que su mensaje fuera difundido para buscar respaldo y acceso a mecanismos de justicia.

Las acusaciones realizadas contra funcionarios y particulares forman parte, hasta este momento, del testimonio público de Andrea Domínguez. La determinación de si existieron amenazas, persecución, violencia, irregularidades financieras o responsabilidades administrativas corresponde a las autoridades competentes mediante las investigaciones y procedimientos legales respectivos.