Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, anunció que presentará acciones legales y legislativas en contra del uso obligatorio de datos biométricos para el registro de líneas celulares, al considerar que vulnera derechos de los ciudadanos y responde a intereses entre el poder político y empresas privadas.

Durante una entrevista, el legislador informó que impulsará una iniciativa para frenar prácticas que condicionan servicios básicos, al señalar que actualmente existen casos donde usuarios no pueden acceder a servicios telefónicos si no entregan información sensible.

En ese sentido, adelantó que también interpondrá una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra compañías telefónicas, a las que acusó de actuar en coordinación con el Gobierno Federal para implementar estos mecanismos de control. Afirmó que estas medidas afectan directamente a los usuarios al limitar la posibilidad de contratar, renovar o recargar servicios si no se entregan datos biométricos.

El diputado sostuvo que este tipo de políticas forman parte de un modelo que busca concentrar información de la población, lo que calificó como preocupante en términos de privacidad y libertades individuales.

En materia electoral, Francisco Sánchez criticó a las fuerzas políticas tradicionales al acusarlas de incurrir en actos anticipados de campaña, señalando que tanto Morena como el PAN y otros partidos están utilizando recursos públicos y privados de forma irregular rumbo a los próximos comicios.

Aseguró que estas prácticas representan una violación a la ley electoral y evidencian una contradicción al promover reformas mientras, al mismo tiempo, se incumplen las reglas vigentes. En contraste, afirmó que Movimiento Ciudadano respetará los tiempos establecidos por la legislación.

Respecto a la discusión nacional sobre la reforma electoral, advirtió que, aunque se han frenado algunas propuestas, el debate continúa y podría trasladarse a decisiones administrativas del INE, lo que calificó como riesgoso al considerar que podría implicar cambios en las reglas del proceso sin pasar por el Poder Legislativo.

En el ámbito local, el legislador se refirió a la reciente resolución del Tribunal Estatal Electoral que señala omisión del Congreso en la regulación de la elección de regidores, al indicar que dicha resolución se apega a la ley y no modifica las obligaciones ya existentes para el Legislativo.

Explicó que el Congreso tiene como plazo límite legislar en la materia hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral, por lo que consideró que aún se encuentran dentro del tiempo establecido. No obstante, reconoció que el análisis deberá realizarse en comisiones y que dependerá también de definiciones a nivel federal que podrían impactar en la conformación de los cabildos.

Finalmente, reiteró que cualquier reforma deberá construirse con base en certeza jurídica y en apego a los tiempos legales, evitando decisiones apresuradas que puedan generar inconsistencias en el sistema electoral.